Las personas en situaciones vulnerables (debido a factores como el estatus socioeconómico, la geografía, la edad y el género) están relativamente más expuestas a los impactos del cambio climático y la degradación ambiental. Al mismo tiempo, las desigualdades socioeconómicas se encuentran entre las causas fundamentales de la crisis climática: los segmentos más ricos de la población contaminan mucho más que los más pobres, por ejemplo.

Por lo tanto, la transición ecológica debe abordar simultáneamente las cuestiones medioambientales, económicas y sociales. En SOLIDAR definimos una "transición ecológica socialmente justa" como el hecho de situar a las personas y la justicia social en el centro de las políticas climáticas y medioambientales. En el Monitor de Derechos Sociales pretendemos evaluar en qué medida las medidas nacionales para promulgar la transición ecológica fomentan también la justicia social, la igualdad y la inclusión.

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La transición ecológica tiene varias dimensiones sociales. Sin embargo, para Social Rights Monitor, hemos decidido centrarnos en las siguientes cuatro áreas, ya que sus vínculos con los derechos sociales son claros:

• Calidad de los empleos en la transición verde
• Acceso a la energía y pobreza energética
• Acceso a la movilidad sostenible y pobreza en el transporte

Por calidad del empleo entendemos lo que la OIT denomina "empleos decentes que contribuyen a preservar o restaurar el medio ambiente".