Igualdad de género

En el último año, España ha avanzado considerablemente hacia la igualdad de género. El permiso por nacimiento es más igualitario, y cada progenitor tiene ahora derecho a 16 semanas de permiso totalmente retribuido en el Sistema Nacional de Seguridad Social. Otros permisos, como el de cuidador de familiares dependientes, se han armonizado entre hombres y mujeres, lo que supone un avance significativo hacia las responsabilidades compartidas en el cuidado de personas dependientes.[1] Sin embargo, a pesar de la avanzada legislación sobre igualdad salarial actualmente en vigor, existen fallos en su aplicación, señala el GSN: las mujeres en España ganan de media 18,4% menos al año que los hombres.[2] El abuso generalizado de los contratos a tiempo parcial, sobre todo en los sectores con predominio de mujeres, agrava aún más este problema. Esta práctica, calificada de discriminatoria tanto por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas como por el Tribunal Constitucional, supone un serio obstáculo para la plena integración de las mujeres en el mercado laboral y para la justicia económica, por lo que debe abordarse.

[1] Projecto Artemisia (2024) Guía de preguntas frecuentes sobre conciliación y corresponsabilidad: https://proyectoartemisaugt.org/docs/guia-de-consultas-mas-frecuentes-en-materia-de-conciliacion-y-corresponsabilidad/ 

[2] INE (2024) Media anual de los cuatro trimestres - Ocupados: https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=4856

Salarios adecuados

Algunas iniciativas importantes en España en los últimos años han tenido como objetivo promover salarios adecuados y preservar el poder adquisitivo de los trabajadores. Entre ellas destacan la Reforma Laboral de diciembre de 2021, el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (V AENC) firmado en mayo de 2023, y el acuerdo para elevar el Salario Mínimo Interprofesional en 2024. El V AENC establece las directrices acordadas por las organizaciones empresariales y sindicales para regular diversos aspectos de la negociación colectiva, como los incrementos salariales, la contratación y las condiciones de trabajo. El acuerdo proponía un aumento salarial de 4% en 2023, con una posible subida adicional de 1% si los precios (medidos por el Índice de Precios al Consumo, o IPC) hubieran subido más de 4% a finales de año. En 2023, el IPC subió 3%, por lo que no se aplicó el convenio. En 2024, está previsto que los salarios suban otros 3%, a los que se sumarán de nuevo 1% adicionales si la inflación supera los 3%. El mismo patrón está previsto para 2025, con un aumento salarial de 3% y un potencial extra de 1% si la inflación supera los 3%.[1] En otras palabras, este acuerdo pretende restablecer el poder adquisitivo de los trabajadores durante tres años y garantiza una revisión salarial en caso de que el aumento del IPC sea especialmente elevado. Esta iniciativa ha tenido un efecto positivo en las relaciones laborales y el mercado de trabajo, especialmente al proteger a los trabajadores con salarios más bajos, entre los que se encuentran principalmente mujeres, jóvenes, inmigrantes y otros trabajadores en situación vulnerable, lo que ha mejorado globalmente la situación de pobreza en el trabajo.

Los sindicatos (la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras) y el Gobierno español acordaron en enero de 2024 un aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) -el salario mínimo legal español- de 5%, elevándolo a 1.134 euros al mes.[2] Esto representa un aumento de 54 € al mes a partir de 2023. Desde 2016, el SMI ha aumentado un 73,1%.[3] La subida forma parte de un esfuerzo más amplio por mejorar la adecuación del salario mínimo, tal como se indica en el Art. 2 de la Carta Social Europea, así como para cumplir los criterios de adecuación indicados en la Directiva sobre el Salario Mínimo Adecuado, que incluyen el 60% del salario medio medio y el 50% de los umbrales salariales medios. . El aumento del SMI ha mejorado la distribución de la renta, ha ayudado a muchos hogares precarios y ha contribuido a reducir la pobreza en el trabajo. También ha desempeñado un papel crucial en la reducción de las diferencias salariales entre hombres y mujeres, beneficiando especialmente a las mujeres, que se ven desproporcionadamente afectadas por los bajos salarios. En total, unos 2,5 millones de trabajadores, es decir, el 14,6% de la población activa, se beneficiarán del aumento de 2024. Las diversas formas de cohabitación están ahora mejor acomodadas en España. Las parejas de hecho registradas disfrutan ahora del mismo permiso de 15 días que las parejas casadas, y el permiso por hospitalización o intervención quirúrgica -que ha pasado de dos a cinco días- se ha ampliado de los cónyuges a las parejas de hecho y los familiares. Otras disposiciones incluyen ocho semanas de permiso parental no retribuido, derechos ampliados para las parejas de hecho y sus familias, y permiso en casos de fuerza mayor.

Diálogo social

El GSN destaca que la última legislatura (diciembre 2019 - agosto 2023) estuvo marcada por un diálogo social eficaz dirigido a avanzar en el progreso social. Fruto de ello fue la Reforma Laboral de 2021, que mejoró los derechos y condiciones de los trabajadores y propició una mayor calidad y estabilidad del empleo, y el V AENC de 2023, que potenció la negociación colectiva, aumentó los salarios reales y mejoró la calidad del empleo. El V AENC también abordó cuestiones cruciales como los cambios tecnológicos y ecológicos, la igualdad de género, la protección de las personas LGBTQ+ y la violencia sexual y de género. Según el GSN, ambos acuerdos han tenido importantes repercusiones positivas en las relaciones y el mercado laborales españoles. Gracias a un diálogo social reforzado, por ejemplo, el número de parados registrados descendió a 2.727.003 en marzo de 2024, la cifra de marzo más baja desde 2008. La afiliación laboral ha aumentado en más de 1,6 millones desde diciembre de 2019, antes de la pandemia de COVID, según las estadísticas de la Seguridad Social. La proporción de trabajadores con contrato indefinido alcanzó un máximo histórico de 87%, 17 puntos porcentuales más desde la reforma laboral, mientras que el empleo temporal cayó a un mínimo histórico de 13%.[4]

El GSN destaca que la nueva legislación laboral aumentó significativamente el número de convenios colectivos. En 2023 se firmaron 1.351 convenios, frente a los 908 de 2021. Además, unos 400.000 trabajadores más estaban cubiertos por convenios colectivos en 2023 que en 2021. A finales de 2023, aproximadamente 11 millones de trabajadores se habían visto afectados por la nueva legislación laboral, de los cuales 92% se beneficiaron de mejoras en los convenios colectivos. El GSN prevé que la actual legislatura, que comenzó en agosto de 2023, seguirá avanzando en el diálogo social como medio para lograr el progreso y el desarrollo democrático. Entre los objetivos clave se encuentran la reducción de la semana laboral a 38,5 horas en 2024 y a 37,5 horas en 2025 sin recortar los salarios, la aplicación de medidas para la igualdad real de las personas LGTBIQI+ y la mejora de las prestaciones de la Seguridad Social.

[1] Ministerio de Trabajo y Economía Social (2023) Resolución de 19 de mayo de 2023, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva: https://www.mites.gob.es/ficheros/ministerio/sec_trabajo/ccncc/D_AspectosNormativos/AcuerdosInterconfederales/23-1714-EN-BOE-A-2023-12870-consolidado-ingles.pdf

[2] salariominimo.es (2024) Salario Mínimo Interprofesional: https://www.salariominimo.es/

[3] Mites.gob.es (2024) Evolución del salario mínimo interprofesional: https://www.mites.gob.es/estadisticas/bel/SMI/indice.htm

[4] INE (2024) Mercado laboral: https://ine.es/dyngs/INEbase/es/categoria.htm?c=Estadistica_P&cid=1254735976595

Erradicación de la pobreza

Desde la pandemia del COVID-19, los hogares vulnerables han tenido dificultades para hacer frente a los gastos básicos debido a los retos actuales, como las consecuencias socioeconómicas del conflicto de Ucrania, el aumento del coste de la energía y la inflación. Los esfuerzos derivados del PNRR a menudo pasan por alto a los más necesitados. La Encuesta de Condiciones de Vida 2023 reveló una ligera reducción de las tasas de desigualdad y pobreza en España. Sin embargo, también puso de manifiesto un preocupante aumento de la privación material y social severa, que pasó de 7,7% a 9% de la población. Además, la tasa AROPE, que mide el riesgo de pobreza y exclusión social, ha aumentado hasta 26,5% en 2023, frente a los 26% del año anterior. Esto pone de manifiesto el carácter persistente y estructural de la pobreza y la exclusión social en el país.[1]

A pesar del aumento de los ingresos, muchos hogares siguen teniendo problemas con la vivienda y los gastos esenciales, lo que subraya la necesidad de abordar la creciente carga de los gastos junto con la de aumentar los ingresos. Aunque los ingresos reales en España aumentaron 12% entre 2008 y 2021, persisten la pobreza y las privaciones. Esto refleja la desigualdad en el crecimiento de los ingresos: los ingresos reales de las familias más ricas han crecido, mientras que los ingresos más bajos han mejorado poco. Además, el aumento del coste de la vida, en particular de la vivienda, los servicios públicos, la alimentación y el transporte, está consumiendo una gran parte de los ingresos familiares, dejando a muchas familias con dificultades para cubrir otras necesidades básicas. El GSN insiste en la necesidad de que las administraciones públicas aumenten las ayudas no sólo a los ingresos, sino también a la vivienda y a las prestaciones sociales de las familias más desfavorecidas. También deben promover el empleo estable y garantizar el derecho a un nivel de vida adecuado, no sólo apoyando los ingresos, sino especialmente abordando el lado del gasto de la pobreza, que está relacionado con el aumento de los costes de la vivienda, la alimentación y otros bienes y servicios esenciales.

Acceso a una atención sanitaria de calidad

España sigue sin garantizar el acceso a la sanidad a muchas personas, especialmente a colectivos vulnerables como los inmigrantes. Un informe de Médicos del Mundo documenta más de 17.000 casos de enero a septiembre de 2023 en los que personas de colectivos vulnerables experimentaron barreras para acceder al Sistema Nacional de Salud (SNS).[2] El Real Decreto-Ley 7/2018, que pretendía mejorar el acceso a la asistencia sanitaria, se enfrentó a las críticas del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas por no abordar plenamente las restricciones que habían quedado de reformas anteriores. También fue criticado por imponer nuevos requisitos a los migrantes irregulares, como demostrar que llevan más de tres meses en España.[3] Esta ley también excluye de la asistencia sanitaria garantizada a determinados colectivos vulnerables en situación migratoria irregular, como menores y mujeres embarazadas, y afecta a los inmigrantes de edad avanzada con permiso de residencia, ya que la legislación actual les niega el derecho a la asistencia sanitaria, dejándoles en una situación de desprotección total. Las organizaciones sociales han denunciado la desatención de enfermedades graves como el cáncer y el VIH debido a las lagunas en la cobertura sanitaria que establece la ley.[4] (3) A pesar de seis años de aplicación, el Ministerio de Sanidad no ha evaluado la eficacia de la ley ni ha abordado sus deficiencias, y la mayoría de las Comunidades Autónomas (regiones autónomas con gobierno, competencias y legislación propios, otorgados por la Constitución española) no comunican datos sobre el acceso a la tarjeta sanitaria de los residentes extranjeros, lo que complica los esfuerzos por medir la exclusión sanitaria.(4)[5] Sin embargo, la evidencia de la sociedad civil ha impulsado al Ministerio de Sanidad a emprender una reforma legislativa para ampliar la cobertura sanitaria a los inmigrantes excluidos. Un proyecto de ley sobre asistencia sanitaria universal, que inició su tramitación parlamentaria en 2022 pero se interrumpió por las elecciones anticipadas, fue reintroducido por el nuevo gobierno en mayo de 2024.

El GSN señala varios obstáculos para acceder a la atención sanitaria. Las barreras físicas se derivan de dificultades como el acceso limitado a los centros de salud y los horarios de apertura restringidos. Las barreras económicas incluyen la imposibilidad de costearse la medicación necesaria. [6] También existen barreras informativas y lingüísticas, a menudo debidas a unos servicios de interpretación inadecuados. Por último, las barreras culturales, derivadas de una atención que no respeta ni se adapta a las necesidades específicas de los grupos vulnerables, disuaden a algunas personas de buscar ayuda. Las personas más vulnerables se enfrentan a numerosos obstáculos para acceder a la atención sanitaria, una cuestión estructural que sigue sin abordarse adecuadamente. Un informe de Médicos del Mundo recomienda al Gobierno y al Congreso españoles que aprueben una ley de sanidad universal que garantice la protección y la asistencia sanitaria a todos los extranjeros con residencia efectiva, independientemente de su situación administrativa. También sugiere mejorar el acceso a los medicamentos, agilizar los procedimientos sanitarios en todo el país y mejorar el apoyo a los solicitantes de asilo. Se insta a las Comunidades Autónomas a proporcionar servicios de traducción, reforzar los servicios sociales, evitar trámites adicionales para los extranjeros, formar al personal sanitario en normativa y antirracismo, y garantizar un transporte público adecuado a los centros sanitarios.

Alojamiento

La crisis de la vivienda en España se agrava, ya que cada vez más personas luchan por acceder a una vivienda asequible. Del primer semestre de 2022 al primer semestre de 2023, los precios medios nacionales del alquiler aumentaron 9,3% y los de la compra de vivienda 3,1%, según los últimos datos del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España (CJE).[7]

Los jóvenes españoles se enfrentan a importantes retos a la hora de abandonar el hogar de sus padres, principalmente debido al elevado alquiler medio de 944€ al mes a principios de 2023. Esta cantidad consume casi 94% del salario neto de un joven medio, que ha perdido 3,3% de poder adquisitivo debido al aumento de los costes, a pesar de un aumento de 5% en términos absolutos hasta los 12.063€ anuales en 2023 en comparación con 2022. El sinhogarismo juvenil también es motivo de grave preocupación: el número de personas sin hogar aumentó de unas 23.000 en 2012 a 28.500 en 2022. Esta cifra excluye a los que viven permanentemente en la calle, y las estimaciones sugieren que el número real podría ser 30% mayor. El Informe Anual 2023 del Defensor del Pueblo señala a los jóvenes como un grupo especialmente vulnerable en lo que respecta a la vivienda social, ya que tienen dificultades para acceder a ella debido a los elevados precios y a la limitada oferta.[8]

En 2023, el Bono Alquiler Joven se enfrentó a numerosas quejas por retrasos en la tramitación de solicitudes y pagos. Las administraciones regionales tuvieron que hacer frente a un elevado volumen de solicitudes y a problemas de capacidad, lo que provocó importantes retrasos e incumplimientos de los plazos de tramitación. Además, las quejas recientes han puesto de manifiesto la preocupación por el impacto de los alquileres turísticos en los residentes locales. El Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025 tiene como objetivo aumentar la vivienda asequible y proporcionar apoyo específico, en particular para los jóvenes y las personas en situación residencial vulnerable, a través de una mayor financiación y ayudas tanto para el alquiler como para la compra de viviendas en los municipios más pequeños. El GSN destaca varias medidas clave: La Ley 12/2023 de Derecho a la Vivienda, primera ley española que regula el derecho a la vivienda desde la aprobación de la Constitución, pretende erradicar el sinhogarismo a través de la apuesta por la vivienda y la recalificación de viviendas abandonadas Hasta ahora la falta de actuación de las instituciones públicas ha agravado la situación de la vivienda. La Estrategia Nacional de Lucha contra el Sinhogarismo 2023-2030 pretende eliminar el sinhogarismo callejero para 2030. En marzo de 2023, el Gobierno introdujo el SERPAVI, un índice de precios de alquiler para orientar a propietarios e inquilinos sobre precios de alquiler justos con el objetivo de controlar el aumento de los precios y proporcionar información actualizada sobre el mercado.

Aunque el GSN reconoce los progresos realizados gracias a las medidas para abordar la crisis de la vivienda, considera que estas iniciativas públicas siguen siendo insuficientes para resolver plenamente los retos a los que se enfrenta la juventud española para conseguir una vivienda digna y asequible. En la actual legislatura, se han introducido varias iniciativas para abordar la vivienda juvenil, incluyendo propuestas para facilitar la compra de una vivienda por primera vez, mejorar el Bono Alquiler Joven y evaluar el impacto de las recientes medidas en el acceso de los jóvenes a la vivienda. Además, se ha pedido a la Ministra de Vivienda que explique las estrategias para hacer frente a los retos de la vivienda, y se han planteado numerosas preguntas sobre las políticas de vivienda regionales y nacionales. La política de vivienda española está dividida entre distintos niveles de gobierno. El Estado supervisa la normativa nacional y los derechos básicos en materia de vivienda, mientras que las Comunidades Autónomas gestionan sus propias leyes de vivienda y programas de vivienda social. Las autoridades locales gestionan la vivienda pública y el mantenimiento de los edificios. En los niveles local y regional es donde actualmente fallan las políticas de vivienda, señala el GSN. Dada esta división, un diálogo eficaz con los consejos regionales de la juventud a todos los niveles y unos mecanismos de supervisión sólidos son cruciales para garantizar el éxito de las políticas de vivienda y su aplicación.

[1] Instituto Nacional de Estadística (2024) Encuesta de Condiciones de Vida (ECV). Año 2023. Resultados finales: https://www.ine.es/dyngs/INEbase/en/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176807&menu=ultiDatos&idp=1254735976608

[2] Médicos del Mundo (2023) II Informe sobre las barreras al Sistema Nacional de Salud en poblaciones vulnerables: https://www.medicosdelmundo.org/app/uploads/2023/11/informe_barreras_2022_mayo_2023.pdf

[3] ACNUDH (2020) Declaración del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Philip Alston, al término de su visita oficial a España, del 27 de enero al 7 de febrero de 2020:  https://www.ohchr.org/es/2020/02/statement-professor-philip-alston-united-nations-special-rapporteur-extreme-poverty-and

[4] Reder (2024) Sanidad universal para todos.https://www.reder162012.org/

[5] Sanidad Universal (2022), El derecho a la asistencia sanitaria en las comunidades autónomas: Un derecho hecho pedazos: https://yosisanidaduniversal.net/materiales/informes/informe-derecho-asistencia-sanitaria-comunidades-autonomas

[6] Centro de Investigaciones Sociológicas - CIS (2024), Barómetro Sanitario 2024:

https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/BarometroSanitario/home_BS.htm

[7] Observatorio de Emancipación (Consejo de la Juventud de España) (2024) Analizando el empleo juvenil y la vivienda: https://www.cje.org/investigacion/#observatorio

[8] CJE (2024) Observatorio de la Emancipación-Analizar el empleo y la vivienda de los jóvenes: https://www.cje.org/investigacion/#observatorio

Participación de las organizaciones de la sociedad civil en el diálogo civil

El Monitor CIVICUS clasifica el espacio cívico español como "Estrecho", un estatus que no ha cambiado desde 2018.[1] Esta clasificación indica que, aunque las personas y las organizaciones de la sociedad civil pueden ejercer sus derechos a la libertad de asociación, reunión pacífica y expresión, estos derechos se violan a menudo mediante el acoso, las detenciones o las agresiones contra los críticos de quienes ostentan el poder, así como mediante el uso excesivo de la fuerza durante las protestas y la presión política sobre los medios de comunicación.

El Tercer Sector español está formado por más de 28.000 entidades sociales y organizaciones de la sociedad civil y ha ido ganando protagonismo y reconocimiento institucional, informa el GSN. En particular, la creación en 2013 de la Comisión para el Diálogo Civil con la Plataforma del Tercer Sector supuso un paso importante en el fomento del diálogo entre las autoridades públicas y las organizaciones de la sociedad civil. Además, se vio reforzada por la Ley 43/2015, que estableció un papel formal para las entidades de la sociedad civil en la elaboración de normativas y políticas sociales. Desde su creación, la Comisión ha logrado avances significativos al impulsar normativas y políticas públicas específicas dirigidas a defender los derechos de los ciudadanos y mejorar la calidad de vida, en particular de las personas en situación de pobreza y exclusión social. Entre sus logros destacan la aprobación de la Ley de Acción Social del Tercer Sector y la Ley del Voluntariado, que pretenden reforzar la participación del Tercer Sector en el diseño y aplicación de las políticas públicas de inclusión social. También se han creado comisiones y mesas de diálogo civil a nivel regional, que reflejan los objetivos y el formato de la comisión estatal. Estos órganos facilitan el diálogo entre las organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos regionales. Actualmente hay siete comisiones de este tipo en varias comunidades. Sin embargo, a pesar de la creación de estos espacios oficiales de diálogo, las interacciones entre las OSC y las administraciones públicas no siempre han sido fluidas ni coherentes.

A nivel nacional, dos partes -el Ministerio de Derechos Sociales y la Agenda 2030, junto con la Plataforma del Tercer Sector- firmaron un Acuerdo Marco en 2021. Este acuerdo ha sido fundamental para mejorar la colaboración y reconocer el papel del sector a la hora de contribuir a la calidad y la eficacia de las políticas públicas. Se centra en reforzar el diálogo y la colaboración oficiales, mejorar la financiación de las entidades del tercer sector y avanzar en el desarrollo normativo. Se ha avanzado en varios frentes, entre los que destacan los avances hacia la aprobación del Real Decreto de Entidades Colaboradoras, que regula la cooperación entre las Administraciones Públicas y el Tercer Sector; la continuación de la supervisión del Convenio Marco de Colaboración, derivado del Real Decreto anteriormente mencionado; y los esfuerzos para mejorar la medida del 0,7, una de las principales fuentes de financiación de las organizaciones del Tercer Sector en España, que da rango legal al compromiso asumido por España de destinar el 0,7% de la Renta Nacional Bruta a Ayuda Oficial al Desarrollo para 2030.[2] También se avanzó en leyes cruciales como la Ley de Familia y la futura Ley de Servicios Sociales, lo que representa un avance para las organizaciones de la sociedad civil que también son proveedoras de servicios sociales.

Durante la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea en 2023 se impulsaron varias plataformas de diálogo civil. La Plataforma del Tercer Sector y sus miembros propusieron iniciativas para avanzar en el Pilar Europeo de Derechos Sociales, establecer una Directiva Europea de Renta Mínima y armonizar las políticas de migración, asilo, cohesión social y diversidad cultural en toda la UE. En 2023, la Plataforma del Tercer Sector y EAPN España contribuyeron al Programa Nacional de Reformas 2023 abogando por cambios transformadores en el modelo económico y social. Con el objetivo de potenciar la igualdad y mejorar el bienestar y la calidad de vida, reclamaron políticas que promuevan una recuperación sostenible, justa y equitativa. También se estableció un nuevo espacio de diálogo civil en 2023 entre la Plataforma del Tercer Sector y el Ministerio de Hacienda y Función Pública, centrado en el gobierno abierto y los derechos de las personas vulnerables. La Plataforma del Tercer Sector presentó recomendaciones dirigidas a promover un gobierno abierto realmente inclusivo, como parte del IV Plan de Gobierno Abierto (2020-2024).

[1] CIVICUS (2023) España: https://monitor.civicus.org/country/spain/

[2] Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (2024) El Gobierno impulsa su Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global: https://exteriores.gob.es/en/Comunicacion/NotasPrensa/Paginas/2023_NOTAS_P/20230209_NOTA08.aspx

Empleos dignos en la transición ecológica

Las empresas, las entidades sociales y el Gobierno se centran cada vez más en crear y apoyar el empleo verde, informa el GSN. El Grupo Español de Crecimiento Verde, formado por 57 empresas, lidera este esfuerzo, aunque muchas otras también contribuyen al empleo verde.[1] La Plataforma de Empleo Verde -una colaboración entre Ingeus (un centro de empleo), ECODES (una ONG), el Grupo Español de Crecimiento Verde y la Universidad Politécnica de Madrid- ayuda a personas en situación vulnerable a encontrar empleo en nuevos empleos verdes.[2] Esta alianza ha formado a más de 1.000 personas, ha completado seis proyectos y está trabajando en otros ocho. Se centra tanto en la creación de nuevos empleos verdes como en la reconversión de los ya existentes. Las entidades sociales son esenciales para ofrecer formación a los excluidos del mercado laboral por factores como la edad, el sexo o la falta de formación. La administración pública también desempeña un papel clave: un estudio reciente de Carbone 4 y ECODES indica que una propuesta de Ley Europea de Contratación Pública Sostenible podría crear más de 23.600 empleos verdes y reducir la huella de carbono de España en 30%.[3]

Acceso a la energía y pobreza energética

Según el Informe de Indicadores de Pobreza Energética en España 2022, el porcentaje de morosidad en el pago de las facturas energéticas mejoró ligeramente hasta situarse en 9,2% en 2022, frente a los 9,5% de 2021, probablemente debido también al blindaje social impulsado por el Gobierno que garantizó los suministros de electricidad, combustibles derivados del petróleo, gas y agua a categorías vulnerables.[4] La tasa de personas con calefacción inadecuada empeoró significativamente, aumentando a 17% (aproximadamente 8 millones de personas), frente a 14% en 2021. Este fuerte aumento sugiere que muchos hogares restringieron su calefacción para evitar facturas elevadas, posiblemente debido a la fuerte subida del coste de la energía en 2022, que se tradujo en elevados costes energéticos para muchos hogares. Estos costes provocaron un mayor gasto en energía y un aumento de la tasa de hogares que no pueden calentar adecuadamente sus hogares. El Informe sobre Pobreza Energética muestra que 17% de los hogares gastaron más del doble de la media nacional en energía, frente a los 15% de 2021, mientras que 11,8% de los hogares gastaron menos de la mitad de la media nacional, frente a los 10,12% del año anterior. Para las familias con ingresos más bajos, la tasa de pobreza energética disminuyó ligeramente, hasta 13,14% desde 14,62% en 2021, con una tendencia inversa en comparación con el resto de Europa gracias al sólido apoyo público por parte del gobierno a través de beneficios que protegen a los grupos sociales más vulnerables, y a toda la población en general, de la crisis de los precios de la energía. Sin embargo, la pobreza energética oculta severa -en la que los hogares consumen menos de una cuarta parte de la energía que necesitan- se mantuvo estable, con más de 2 millones de hogares afectados, lo que supone una tasa de 10,58%. Aunque esta cifra sigue siendo preocupante, su estabilidad sugiere que las medidas de protección contra el aumento de los costes energéticos fueron eficaces y que, si los precios de la energía bajan y continúan las medidas de protección, podría haber mejoras en el futuro. [5][6]

El porcentaje de hogares en los que la temperatura del hogar es inadecuada se eleva al 20,7% en 2023, según la última Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del Instituto Nacional de Estadística (INE)

Acceso a la movilidad sostenible

La pobreza en el transporte aumentó de forma constante entre 2006 y 2018, debido al aumento de los precios de la energía y a la caída de los ingresos tras la crisis financiera de 2008, informa el GSN. A partir de 2018 se observó una ligera reducción de las tasas de pobreza en el transporte, que se intensificó a raíz de la pandemia COVID-19. Esto provocó un fuerte descenso del consumo de transporte, lo que, unido a la fuerte caída de los precios del combustible, condujo a una reducción significativa de los niveles de pobreza en el transporte.

En respuesta al aumento del precio del combustible en 2022 debido a la guerra entre Rusia y Ucrania, el Gobierno español introdujo varias iniciativas para aliviar el impacto en los hogares y mejorar el acceso al transporte.[7] Se aplicó una subvención de 0,20 euros por litro al combustible desde abril de 2022 hasta junio de 2023. Debido a los elevados costes del combustible a principios de 2024, esta subvención se restableció en las Islas Canarias hasta finales de año para la gasolina, el gasóleo y el gasóleo para uso marítimo (excluido el uso recreativo privado). Además, se facilitaron abonos de viaje gratuitos y con descuento para Renfe -la compañía nacional de ferrocarriles de España- en algunos servicios de cercanías y regionales (trenes de Cercanías y Media Distancia). También se emitieron tarjetas de viaje para viajeros frecuentes (Bonos Avant), subvencionadas por 50%. Entre enero y abril de 2024, Renfe distribuyó 2,76 millones de pases gratuitos y subvencionados.[8] Además, se concedieron descuentos de 100% en los abonos de temporada y los billetes multiviaje de los servicios estatales de autobús, y se ofrecieron descuentos regionales en el transporte público terrestre de Baleares y Canarias. El objetivo de estas medidas era reducir los costes de transporte y mejorar la movilidad, y beneficiaron especialmente a las rentas más bajas y a los grupos vulnerables.

[1] Grupo Español para el Crecimiento Verde (2024): https://grupocrecimientoverde.org/

[2] Plataforma Empleo Verde (2024): https://plataformaempleoverde.org/

[3] ECODES y Carbone 4 (2024) por una Ley de Contratación Pública Europea y Sostenible: https://ecodes.org/images/SALA_PRENSA/notas-de-prensa/2024/Informe_BESA_16052024.pdf

[4] Ministra de Derechos Sociales, Consumidores y Agenda 2030 (2024) Suministro garantizado de electricidad, combustibles derivados del petróleo, gas y agua: https://www.mdsocialesa2030.gob.es/en/escudo-social/medidas-extraordinarias/garantia.htm

[5] Romero, J.C., Barrella, R., Centeno, E., (2023), Informe de Indicadores Españoles de Pobreza Energética 2022, https://files.griddo.comillas.edu/informe-indicadores-2022-eyp-v4.pdf

[6] INE (2023), Anexo de tablas. Encuesta de Condiciones de Vida 2023, https://www.ine.es/prensa/anexo_tablas/es/ECV2023.xlsx

[7] Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia(2022) Boletín informativo sobre la distribución de

combustibles en las estaciones de servicio: https://www.cnmc.es/expedientes/isde01022

[8] renfe.com (2024) Renfe emitió 2,76 millones de abonos gratuitos de cercanías, rodalies y media distancia en el primer cuatrimestre: https://www.renfe.com/es/es/grupo-renfe/comunicacion/renfe-al-dia/sala-de-prensa/renfe-emitio-2-millones-abonos-gratuitos-cercanias-rodalies-media-distancia-primer-cuatrimestre