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Spain’s social landscape has made significant progress over the past year, reports the NSG, led by Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL). Esto se aplica especialmente a la igualdad de género, donde el permiso parental se ha igualado para hombres y mujeres. Sin embargo, las diferencias salariales entre hombres y mujeres y el abuso de los contratos a tiempo parcial siguen siendo obstáculos importantes para la plena igualdad entre hombres y mujeres. Los niveles salariales han mejorado gracias a las reformas laborales y la negociación colectiva, aunque la asequibilidad de la vivienda y la pobreza energética siguen siendo un reto para los hogares con bajos ingresos. La pobreza y la exclusión social persisten a pesar del aumento del salario mínimo. Además, el acceso a la atención sanitaria sigue siendo un problema crítico, especialmente para grupos vulnerables como los inmigrantes, lo que pone de manifiesto las lagunas existentes en materia de protección social.

Igualdad de género

En el último año, España ha avanzado considerablemente hacia la igualdad de género. El permiso por nacimiento es más igualitario, y cada progenitor tiene ahora derecho a 16 semanas de permiso totalmente retribuido en el Sistema Nacional de Seguridad Social. Otros permisos, como el de cuidador de familiares dependientes, se han armonizado entre hombres y mujeres, lo que supone un avance significativo hacia las responsabilidades compartidas en el cuidado de personas dependientes.[1] Sin embargo, a pesar de la avanzada legislación sobre igualdad salarial actualmente en vigor, existen fallos en su aplicación, señala el GSN: las mujeres en España ganan de media 18,4% menos al año que los hombres.[2] El abuso generalizado de los contratos a tiempo parcial, sobre todo en los sectores con predominio de mujeres, agrava aún más este problema. Esta práctica, calificada de discriminatoria tanto por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas como por el Tribunal Constitucional, supone un serio obstáculo para la plena integración de las mujeres en el mercado laboral y para la justicia económica, por lo que debe abordarse.

[1] Projecto Artemisia (2024) Guía de preguntas frecuentes sobre conciliación y corresponsabilidad: https://proyectoartemisaugt.org/docs/guia-de-consultas-mas-frecuentes-en-materia-de-conciliacion-y-corresponsabilidad/

[2] INE (2024) Annual average for the four quarters – Employed persons: https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=4856

Salarios adecuados

Some important initiatives in Spain over recent years have aimed to promote adequate wages and preserve workers’ purchasing power. These include the Labour Reform of December 2021, the V Agreement for Employment and Collective Bargaining (V AENC) signed in May 2023,  and the agreement to raise the Minimum Interprofessional Wage in 2024. The V AENC outlines guidelines agreed by employers’ organizations and labour unions to regulate various aspects of collective bargaining, including wage increases, recruitment, and working conditions. The agreement proposed a 4% increase in wages in 2023, with a possible extra 1% if prices (as measured by the Consumer Price Index, or CPI) would have risen more than 4% by the end of the year. The CPI in 2023 rose by 3% and therefore the agreement did not apply. In 2024, wages are scheduled to rise another 3%, which will again be boosted by an extra 1% if inflation is above 3%. The same pattern is scheduled to apply in 2025, with a 3% wage increase and a potential extra 1% if inflation exceeds 3%.[1] In other words, this agreement aims to restore workers’ purchasing power over three years and guarantees a wage revision in the event that the increase in the CPI is particularly high. This initiative has had a positive effect on labour relations and the labour market, especially by protecting low-paid workers who include mainly women, young people, migrants and other workers in vulnerable situation, which overall improved the in-work poverty situation.

Trade unions (the General Union of Workers and the Workers’ Commissions) and the Spanish government agreed in January 2024 on an increase in the Minimum Interprofessional Wage (SMI) – Spain’s statutory minimum wage – of 5%, raising it to €1,134 per month.[2] Esto representa un aumento de 54 € al mes a partir de 2023. Desde 2016, el SMI ha aumentado un 73,1%.[3] La subida forma parte de un esfuerzo más amplio por mejorar la adecuación del salario mínimo, tal como se indica en el Art. 2 de la Carta Social Europea, así como para cumplir los criterios de adecuación indicados en la Directiva sobre el Salario Mínimo Adecuado, que incluyen el 60% del salario medio medio y el 50% de los umbrales salariales medios. . El aumento del SMI ha mejorado la distribución de la renta, ha ayudado a muchos hogares precarios y ha contribuido a reducir la pobreza en el trabajo. También ha desempeñado un papel crucial en la reducción de las diferencias salariales entre hombres y mujeres, beneficiando especialmente a las mujeres, que se ven desproporcionadamente afectadas por los bajos salarios. En total, unos 2,5 millones de trabajadores, es decir, el 14,6% de la población activa, se beneficiarán del aumento de 2024. Las diversas formas de cohabitación están ahora mejor acomodadas en España. Las parejas de hecho registradas disfrutan ahora del mismo permiso de 15 días que las parejas casadas, y el permiso por hospitalización o intervención quirúrgica -que ha pasado de dos a cinco días- se ha ampliado de los cónyuges a las parejas de hecho y los familiares. Otras disposiciones incluyen ocho semanas de permiso parental no retribuido, derechos ampliados para las parejas de hecho y sus familias, y permiso en casos de fuerza mayor.

Diálogo social

The NSG highlights that the last legislature (December 2019 – August 2023) was marked by effective social dialogue aimed at advancing social progress. This resulted in the 2021 Labour Reform, which improved workers’ rights and conditions and led to greater job quality and stability, and the 2023 V AENC, which enhanced collective bargaining, increased real wages, and improved job quality. The V AENC also addressed crucial issues such as technological and ecological changes, gender equality, protection for LGBTQ+ individuals, and sexual and gender-based violence. Both agreements have had significant positive impacts on Spain’s labour relations and market, according to the NSG. Thanks to a reinforced social dialogue for instance, the number of registered unemployed dropped to 2,727,003 in March 2024, the lowest March figure since 2008. Job enrolment has increased by over 1.6 million since December 2019, before the COVID pandemic, according to social security statistics. The proportion of workers with permanent contracts reached a record high of 87%, up 17 percentage points since the labour reform, while temporary employment fell to a historic low of 13%.[4]

El GSN destaca que la nueva legislación laboral aumentó significativamente el número de convenios colectivos. En 2023 se firmaron 1.351 convenios, frente a los 908 de 2021. Además, unos 400.000 trabajadores más estaban cubiertos por convenios colectivos en 2023 que en 2021. A finales de 2023, aproximadamente 11 millones de trabajadores se habían visto afectados por la nueva legislación laboral, de los cuales 92% se beneficiaron de mejoras en los convenios colectivos. El GSN prevé que la actual legislatura, que comenzó en agosto de 2023, seguirá avanzando en el diálogo social como medio para lograr el progreso y el desarrollo democrático. Entre los objetivos clave se encuentran la reducción de la semana laboral a 38,5 horas en 2024 y a 37,5 horas en 2025 sin recortar los salarios, la aplicación de medidas para la igualdad real de las personas LGTBIQI+ y la mejora de las prestaciones de la Seguridad Social.

[1] Ministerio de Trabajo y Economía Social (2023) Resolución de 19 de mayo de 2023, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva: https://www.mites.gob.es/ficheros/ministerio/sec_trabajo/ccncc/D_AspectosNormativos/AcuerdosInterconfederales/23-1714-EN-BOE-A-2023-12870-consolidado-ingles.pdf

[2] salariominimo.es (2024) Salario Mínimo Interprofesional: https://www.salariominimo.es/

[3] Mites.gob.es (2024) Evolución del salario mínimo interprofesional: https://www.mites.gob.es/estadisticas/bel/SMI/indice.htm

[4] INE (2024) Mercado laboral: https://ine.es/dyngs/INEbase/es/categoria.htm?c=Estadistica_P&cid=1254735976595

Erradicación de la pobreza

Desde la pandemia del COVID-19, los hogares vulnerables han tenido dificultades para hacer frente a los gastos básicos debido a los retos actuales, como las consecuencias socioeconómicas del conflicto de Ucrania, el aumento del coste de la energía y la inflación. Los esfuerzos derivados del PNRR a menudo pasan por alto a los más necesitados. La Encuesta de Condiciones de Vida 2023 reveló una ligera reducción de las tasas de desigualdad y pobreza en España. Sin embargo, también puso de manifiesto un preocupante aumento de la privación material y social severa, que pasó de 7,7% a 9% de la población. Además, la tasa AROPE, que mide el riesgo de pobreza y exclusión social, ha aumentado hasta 26,5% en 2023, frente a los 26% del año anterior. Esto pone de manifiesto el carácter persistente y estructural de la pobreza y la exclusión social en el país.[1]

A pesar del aumento de los ingresos, muchos hogares siguen teniendo problemas con la vivienda y los gastos esenciales, lo que subraya la necesidad de abordar la creciente carga de los gastos junto con la de aumentar los ingresos. Aunque los ingresos reales en España aumentaron 12% entre 2008 y 2021, persisten la pobreza y las privaciones. Esto refleja la desigualdad en el crecimiento de los ingresos: los ingresos reales de las familias más ricas han crecido, mientras que los ingresos más bajos han mejorado poco. Además, el aumento del coste de la vida, en particular de la vivienda, los servicios públicos, la alimentación y el transporte, está consumiendo una gran parte de los ingresos familiares, dejando a muchas familias con dificultades para cubrir otras necesidades básicas. El GSN insiste en la necesidad de que las administraciones públicas aumenten las ayudas no sólo a los ingresos, sino también a la vivienda y a las prestaciones sociales de las familias más desfavorecidas. También deben promover el empleo estable y garantizar el derecho a un nivel de vida adecuado, no sólo apoyando los ingresos, sino especialmente abordando el lado del gasto de la pobreza, que está relacionado con el aumento de los costes de la vivienda, la alimentación y otros bienes y servicios esenciales.

Acceso a una atención sanitaria de calidad

España sigue sin garantizar el acceso a la sanidad a muchas personas, especialmente a colectivos vulnerables como los inmigrantes. Un informe de Médicos del Mundo documenta más de 17.000 casos de enero a septiembre de 2023 en los que personas de colectivos vulnerables experimentaron barreras para acceder al Sistema Nacional de Salud (SNS).[2] El Real Decreto-Ley 7/2018, que pretendía mejorar el acceso a la asistencia sanitaria, se enfrentó a las críticas del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas por no abordar plenamente las restricciones que habían quedado de reformas anteriores. También fue criticado por imponer nuevos requisitos a los migrantes irregulares, como demostrar que llevan más de tres meses en España.[3] Esta ley también excluye de la asistencia sanitaria garantizada a determinados colectivos vulnerables en situación migratoria irregular, como menores y mujeres embarazadas, y afecta a los inmigrantes de edad avanzada con permiso de residencia, ya que la legislación actual les niega el derecho a la asistencia sanitaria, dejándoles en una situación de desprotección total. Las organizaciones sociales han denunciado la desatención de enfermedades graves como el cáncer y el VIH debido a las lagunas en la cobertura sanitaria que establece la ley.[4] (3) Despite six years of implementation, the Ministry of Health has not assessed the law’s effectiveness or addressed its shortcomings, and most Autonomous Communities (self-governing regions with their own governments, powers, and legislation, granted by the Spanish Constitution) fail to report data on foreign residents’ health card access, complicating efforts to measure health exclusion.(4)[5] Sin embargo, la evidencia de la sociedad civil ha impulsado al Ministerio de Sanidad a emprender una reforma legislativa para ampliar la cobertura sanitaria a los inmigrantes excluidos. Un proyecto de ley sobre asistencia sanitaria universal, que inició su tramitación parlamentaria en 2022 pero se interrumpió por las elecciones anticipadas, fue reintroducido por el nuevo gobierno en mayo de 2024.

El GSN señala varios obstáculos para acceder a la atención sanitaria. Las barreras físicas se derivan de dificultades como el acceso limitado a los centros de salud y los horarios de apertura restringidos. Las barreras económicas incluyen la imposibilidad de costearse la medicación necesaria. [6] También existen barreras informativas y lingüísticas, a menudo debidas a unos servicios de interpretación inadecuados. Por último, las barreras culturales, derivadas de una atención que no respeta ni se adapta a las necesidades específicas de los grupos vulnerables, disuaden a algunas personas de buscar ayuda. Las personas más vulnerables se enfrentan a numerosos obstáculos para acceder a la atención sanitaria, una cuestión estructural que sigue sin abordarse adecuadamente. Un informe de Médicos del Mundo recomienda al Gobierno y al Congreso españoles que aprueben una ley de sanidad universal que garantice la protección y la asistencia sanitaria a todos los extranjeros con residencia efectiva, independientemente de su situación administrativa. También sugiere mejorar el acceso a los medicamentos, agilizar los procedimientos sanitarios en todo el país y mejorar el apoyo a los solicitantes de asilo. Se insta a las Comunidades Autónomas a proporcionar servicios de traducción, reforzar los servicios sociales, evitar trámites adicionales para los extranjeros, formar al personal sanitario en normativa y antirracismo, y garantizar un transporte público adecuado a los centros sanitarios.

Alojamiento

La crisis de la vivienda en España se agrava, ya que cada vez más personas luchan por acceder a una vivienda asequible. Del primer semestre de 2022 al primer semestre de 2023, los precios medios nacionales del alquiler aumentaron 9,3% y los de la compra de vivienda 3,1%, según los últimos datos del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España (CJE).[7]

Young people in Spain face significant challenges in moving out of their parents’ homes, primarily due to the high median rent of €944 per month in early 2023. This amount consumes nearly 94% of an average young person’s net salary, which has dropped 3.3% in purchasing power due to rising costs despite a 5% increase in absolute terms to €12,063 per year in 2023 compared to 2022. Youth homelessness is also a serious concern: the number of homeless individuals increased from around 23,000 in 2012 to 28,500 in 2022. This figure excludes those living permanently on the streets, and estimates suggest that the true number could be 30% higher. The Ombudsman’s 2023 Annual Report identifies young people as a particularly vulnerable group with regards to social housing, as they struggle to access it due to high prices and limited supply.[8]

En 2023, el Bono Alquiler Joven se enfrentó a numerosas quejas por retrasos en la tramitación de solicitudes y pagos. Las administraciones regionales tuvieron que hacer frente a un elevado volumen de solicitudes y a problemas de capacidad, lo que provocó importantes retrasos e incumplimientos de los plazos de tramitación. Además, las quejas recientes han puesto de manifiesto la preocupación por el impacto de los alquileres turísticos en los residentes locales. El Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025 tiene como objetivo aumentar la vivienda asequible y proporcionar apoyo específico, en particular para los jóvenes y las personas en situación residencial vulnerable, a través de una mayor financiación y ayudas tanto para el alquiler como para la compra de viviendas en los municipios más pequeños. El GSN destaca varias medidas clave: La Ley 12/2023 de Derecho a la Vivienda, primera ley española que regula el derecho a la vivienda desde la aprobación de la Constitución, pretende erradicar el sinhogarismo a través de la apuesta por la vivienda y la recalificación de viviendas abandonadas Hasta ahora la falta de actuación de las instituciones públicas ha agravado la situación de la vivienda. La Estrategia Nacional de Lucha contra el Sinhogarismo 2023-2030 pretende eliminar el sinhogarismo callejero para 2030. En marzo de 2023, el Gobierno introdujo el SERPAVI, un índice de precios de alquiler para orientar a propietarios e inquilinos sobre precios de alquiler justos con el objetivo de controlar el aumento de los precios y proporcionar información actualizada sobre el mercado.

While the NSG acknowledges the progress made thanks to measures to address the housing crisis, it believes that these public initiatives remain inadequate to fully resolve the challenges faced by Spanish youth in securing decent and affordable housing. In the current legislature, several initiatives have been introduced to address youth housing, including proposals to make it easier to buy a home for the first time, improve the Bono Alquiler Joven (Youth Rental Subsidy), and assess the impact of recent measures on young people’s access to housing. In addition, the Housing Minister has been called on to explain strategies to tackle housing challenges, and numerous questions have been raised over regional and national housing policies. Spain’s housing policy is divided among different levels of government. The State oversees national regulations and basic housing rights, while Autonomous Communities handle their own housing laws and social housing programmes. Local authorities manage public housing and building maintenance. The local and regional levels is where housing policies are currently failing, the NSG notes. Given this division, effective dialogue with regional youth councils at all levels and robust monitoring mechanisms are crucial to ensure successful housing policies and their implementation.

[1] Instituto Nacional de Estadística (2024) Encuesta de Condiciones de Vida (ECV). Año 2023. Resultados finales: https://www.ine.es/dyngs/INEbase/en/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176807&menu=ultiDatos&idp=1254735976608

[2] Médicos del Mundo (2023) II Informe sobre las barreras al Sistema Nacional de Salud en poblaciones vulnerables: https://www.medicosdelmundo.org/app/uploads/2023/11/informe_barreras_2022_mayo_2023.pdf

[3] ACNUDH (2020) Declaración del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Philip Alston, al término de su visita oficial a España, del 27 de enero al 7 de febrero de 2020:  https://www.ohchr.org/es/2020/02/statement-professor-philip-alston-united-nations-special-rapporteur-extreme-poverty-and

[4] Reder (2024) Sanidad universal para todos.https://www.reder162012.org/

[5] Sanidad Universal (2022), El derecho a la asistencia sanitaria en las comunidades autónomas: Un derecho hecho pedazos: https://yosisanidaduniversal.net/materiales/informes/informe-derecho-asistencia-sanitaria-comunidades-autonomas

[6] Centro de Investigaciones Sociológicas – CIS (2024), Health Barometer 2024:

https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/BarometroSanitario/home_BS.htm

[7] Observatorio de Emancipación (Consejo de la Juventud de España) (2024) Analizando el empleo juvenil y la vivienda: https://www.cje.org/investigacion/#observatorio

[8] CJE (2024) Observatorio de la Emancipación-Analizar el empleo y la vivienda de los jóvenes: https://www.cje.org/investigacion/#observatorio

Participación de las organizaciones de la sociedad civil en el diálogo civil

The CIVICUS Monitor classifies Spain’s civic space as “Narrowed,” a status unchanged since 2018.[1] Esta clasificación indica que, aunque las personas y las organizaciones de la sociedad civil pueden ejercer sus derechos a la libertad de asociación, reunión pacífica y expresión, estos derechos se violan a menudo mediante el acoso, las detenciones o las agresiones contra los críticos de quienes ostentan el poder, así como mediante el uso excesivo de la fuerza durante las protestas y la presión política sobre los medios de comunicación.

Spain’s third sector consists of over 28,000 social entities and civil society organisations and has gained increasing prominence and institutional recognition, the NSG reports. Notably, the creation in 2013 of the Commission for Civil Dialogue with the Third Sector Platform marked a significant step in fostering dialogue between public authorities and civil society organisations. It was further reinforced by Law 43/2015, which established a formal role for civil-society entities in shaping social regulations and policies. Since its establishment, the Commission has achieved significant progress by advancing specific regulations and public policies aimed at defending citizens’ rights and improving the quality of life, particularly for those in poverty and the socially excluded. Notable accomplishments include the approval of the Third Sector Social Action Act and the Volunteering Act, which aim to strengthen the participation of the Third Sector in the design and application of public policies for social inclusion. Civil dialogue commissions and roundtables have also been established at regional level, mirroring the state commission’s objectives and format. These bodies facilitate dialogue between civil society organisations and regional governments. There are currently seven such commissions in various communities. However, despite the establishment of these official dialogue spaces, interactions between CSOs and public administrations have not always been smooth or consistent.

At the national level, two parties – the Ministry of Social Rights and Agenda 2030 along with the Third Sector Platform – signed a Framework Agreement in 2021. This agreement has been pivotal in enhancing collaboration and recognising the sector’s role in contributing to the quality and effectiveness of public policies. It focuses on strengthening official dialogue and collaboration, improving funding for third-sector entities, and advancing regulatory developments. Progress was made on several fronts, including advances towards the approval of the Royal Decree on Collaborating Entities, regulating the cooperation between public authorities and the Third Sector; continued oversight of the Framework Collaboration Agreement, stemming from the Royal Decree previously mentioned; and efforts to improve the 0.7 measure – one of the main sources of funding for third sector organisations in Spain which gives legal status to the commitment taken on by Spain to allocate 0.7% of Gross National Income to Official Development Assistance by 2030.[2] También se avanzó en leyes cruciales como la Ley de Familia y la futura Ley de Servicios Sociales, lo que representa un avance para las organizaciones de la sociedad civil que también son proveedoras de servicios sociales.

Durante la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea en 2023 se impulsaron varias plataformas de diálogo civil. La Plataforma del Tercer Sector y sus miembros propusieron iniciativas para avanzar en el Pilar Europeo de Derechos Sociales, establecer una Directiva Europea de Renta Mínima y armonizar las políticas de migración, asilo, cohesión social y diversidad cultural en toda la UE. En 2023, la Plataforma del Tercer Sector y EAPN España contribuyeron al Programa Nacional de Reformas 2023 abogando por cambios transformadores en el modelo económico y social. Con el objetivo de potenciar la igualdad y mejorar el bienestar y la calidad de vida, reclamaron políticas que promuevan una recuperación sostenible, justa y equitativa. También se estableció un nuevo espacio de diálogo civil en 2023 entre la Plataforma del Tercer Sector y el Ministerio de Hacienda y Función Pública, centrado en el gobierno abierto y los derechos de las personas vulnerables. La Plataforma del Tercer Sector presentó recomendaciones dirigidas a promover un gobierno abierto realmente inclusivo, como parte del IV Plan de Gobierno Abierto (2020-2024).

[1] CIVICUS (2023) España: https://monitor.civicus.org/country/spain/

[2] Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (2024) El Gobierno impulsa su Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global: https://exteriores.gob.es/en/Comunicacion/NotasPrensa/Paginas/2023_NOTAS_P/20230209_NOTA08.aspx

Empleos dignos en la transición ecológica

Las empresas, las entidades sociales y el Gobierno se centran cada vez más en crear y apoyar el empleo verde, informa el GSN. El Grupo Español de Crecimiento Verde, formado por 57 empresas, lidera este esfuerzo, aunque muchas otras también contribuyen al empleo verde.[1] La Plataforma de Empleo Verde -una colaboración entre Ingeus (un centro de empleo), ECODES (una ONG), el Grupo Español de Crecimiento Verde y la Universidad Politécnica de Madrid- ayuda a personas en situación vulnerable a encontrar empleo en nuevos empleos verdes.[2] Esta alianza ha formado a más de 1.000 personas, ha completado seis proyectos y está trabajando en otros ocho. Se centra tanto en la creación de nuevos empleos verdes como en la reconversión de los ya existentes. Las entidades sociales son esenciales para ofrecer formación a los excluidos del mercado laboral por factores como la edad, el sexo o la falta de formación. La administración pública también desempeña un papel clave: un estudio reciente de Carbone 4 y ECODES indica que una propuesta de Ley Europea de Contratación Pública Sostenible podría crear más de 23.600 empleos verdes y reducir la huella de carbono de España en 30%.[3]

Acceso a la energía y pobreza energética

Según el Informe de Indicadores de Pobreza Energética en España 2022, el porcentaje de morosidad en el pago de las facturas energéticas mejoró ligeramente hasta situarse en 9,2% en 2022, frente a los 9,5% de 2021, probablemente debido también al blindaje social impulsado por el Gobierno que garantizó los suministros de electricidad, combustibles derivados del petróleo, gas y agua a categorías vulnerables.[4] La tasa de personas con calefacción inadecuada empeoró significativamente, aumentando a 17% (aproximadamente 8 millones de personas), frente a 14% en 2021. Este fuerte aumento sugiere que muchos hogares restringieron su calefacción para evitar facturas elevadas, posiblemente debido a la fuerte subida del coste de la energía en 2022, que se tradujo en elevados costes energéticos para muchos hogares. Estos costes provocaron un mayor gasto en energía y un aumento de la tasa de hogares que no pueden calentar adecuadamente sus hogares. El Informe sobre Pobreza Energética muestra que 17% de los hogares gastaron más del doble de la media nacional en energía, frente a los 15% de 2021, mientras que 11,8% de los hogares gastaron menos de la mitad de la media nacional, frente a los 10,12% del año anterior. Para las familias con ingresos más bajos, la tasa de pobreza energética disminuyó ligeramente, hasta 13,14% desde 14,62% en 2021, con una tendencia inversa en comparación con el resto de Europa gracias al sólido apoyo público por parte del gobierno a través de beneficios que protegen a los grupos sociales más vulnerables, y a toda la población en general, de la crisis de los precios de la energía. Sin embargo, la pobreza energética oculta severa -en la que los hogares consumen menos de una cuarta parte de la energía que necesitan- se mantuvo estable, con más de 2 millones de hogares afectados, lo que supone una tasa de 10,58%. Aunque esta cifra sigue siendo preocupante, su estabilidad sugiere que las medidas de protección contra el aumento de los costes energéticos fueron eficaces y que, si los precios de la energía bajan y continúan las medidas de protección, podría haber mejoras en el futuro. [5][6]

El porcentaje de hogares en los que la temperatura del hogar es inadecuada se eleva al 20,7% en 2023, según la última Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del Instituto Nacional de Estadística (INE)

Acceso a la movilidad sostenible

La pobreza en el transporte aumentó de forma constante entre 2006 y 2018, debido al aumento de los precios de la energía y a la caída de los ingresos tras la crisis financiera de 2008, informa el GSN. A partir de 2018 se observó una ligera reducción de las tasas de pobreza en el transporte, que se intensificó a raíz de la pandemia COVID-19. Esto provocó un fuerte descenso del consumo de transporte, lo que, unido a la fuerte caída de los precios del combustible, condujo a una reducción significativa de los niveles de pobreza en el transporte.

En respuesta al aumento del precio del combustible en 2022 debido a la guerra entre Rusia y Ucrania, el Gobierno español introdujo varias iniciativas para aliviar el impacto en los hogares y mejorar el acceso al transporte.[7] A subsidy of €0.20 per litre was applied to fuel from April 2022 to June 2023. Due to ongoing high fuel costs in early 2024, this subsidy was reinstated in the Canary Islands until the end of the year for petrol, diesel, and marine diesel (excluding private recreational use). In addition, free and discounted travel passes for Renfe – Spain’s national railway company – were provided for some commuter and regional services ( Suburban and Medium Distance Trains). Travel cards  for frequent travelers (Bonos Avant) were also issued, subsidised by 50%. Between January and April 2024, Renfe distributed 2.76 million free and subsidised passes.[8] Además, se concedieron descuentos de 100% en los abonos de temporada y los billetes multiviaje de los servicios estatales de autobús, y se ofrecieron descuentos regionales en el transporte público terrestre de Baleares y Canarias. El objetivo de estas medidas era reducir los costes de transporte y mejorar la movilidad, y beneficiaron especialmente a las rentas más bajas y a los grupos vulnerables.

[1] Grupo Español para el Crecimiento Verde (2024): https://grupocrecimientoverde.org/

[2] Plataforma Empleo Verde (2024): https://plataformaempleoverde.org/

[3] ECODES y Carbone 4 (2024) por una Ley de Contratación Pública Europea y Sostenible: https://ecodes.org/images/SALA_PRENSA/notas-de-prensa/2024/Informe_BESA_16052024.pdf

[4] Ministra de Derechos Sociales, Consumidores y Agenda 2030 (2024) Suministro garantizado de electricidad, combustibles derivados del petróleo, gas y agua: https://www.mdsocialesa2030.gob.es/en/escudo-social/medidas-extraordinarias/garantia.htm

[5] Romero, J.C., Barrella, R., Centeno, E., (2023), Informe de Indicadores Españoles de Pobreza Energética 2022, https://files.griddo.comillas.edu/informe-indicadores-2022-eyp-v4.pdf

[6] INE (2023), Anexo de tablas. Encuesta de Condiciones de Vida 2023, https://www.ine.es/prensa/anexo_tablas/es/ECV2023.xlsx

[7] Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia(2022) Boletín informativo sobre la distribución de

combustibles en las estaciones de servicio: https://www.cnmc.es/expedientes/isde01022

[8] renfe.com (2024) Renfe emitió 2,76 millones de abonos gratuitos de cercanías, rodalies y media distancia en el primer cuatrimestre: https://www.renfe.com/es/es/grupo-renfe/comunicacion/renfe-al-dia/sala-de-prensa/renfe-emitio-2-millones-abonos-gratuitos-cercanias-rodalies-media-distancia-primer-cuatrimestre