Igualdad de género

After several years in which the gender pay gap narrowed, it stagnated at 19.6% in 2024, according to a 2024 report “Against the gender pay gap we cannot wait” by the country’s largest trade union CCOO (Comisiones Obreras).[1] Casi una de cada cuatro mujeres asalariadas cobra el salario mínimo interprofesional (el salario mínimo legal en España) o incluso menos, según un informe de 2024 del sindicato UGT (Unión General de Trabajadores). Esta alta tasa se debe en parte a que las mujeres están sobrerrepresentadas en sectores con salarios bajos y en empleos precarios. Otras razones son la alta incidencia del trabajo a tiempo parcial involuntario entre las mujeres, la desigualdad de género y entre individuos y Estado en la distribución de las responsabilidades de cuidados y la infrarrepresentación de las mujeres en profesiones mejor remuneradas, que afecta de manera desigual a la distribución y los efectos de los complementos salariales entre géneros. El informe de la UGT destaca los efectos de esta brecha sobre las mujeres jóvenes, las trabajadoras migrantes y las trabajadoras de sectores feminizados. Señala la persistencia de desigualdades estructurales en el mercado laboral español.[2] Non-EU women face a particularly high gender pay gap, at of 36.1%. An intersectional approach is needed to address the specific issues and forms of discrimination these women face.

Tanto los informes de UGT como los de CCOO adoptan un enfoque interseccional y proponen cambios normativos específicos. En su informe de 2025, UGT instó a la Seguridad Social a que calculara el peso económico que tienen los cuidados en los salarios. Asimismo, pidieron que se revisara el uso excesivo de los contratos a tiempo parcial, que penaliza a casi dos millones de mujeres en España y que se transpusiera la Directiva sobre transparencia salarial. Por último, pidieron a la Inspección de Trabajo que elaborara planes de acción sobre igualdad salarial y que asignara fondos para implementarlos.

Se han adoptado medidas normativas para abordar algunas de estas cuestiones, pero han resultado en gran medida ineficaces. Los planes de igualdad obligatorios se aplican a las empresas con más de 50 personas empleadas, pero las mujeres que trabajan en pymes cobran mucho menos que sus compañeros varones. La brecha salarial de género en las pymes, que alcanza casi el 23,2%, es superior a la media general. Según el Grupo Estratégico Nacional (GEN), los mecanismos de control y sanción de las medidas de género son deficientes, especialmente en las pymes, que a menudo carecen de fondos suficientes para formación y para implementarlos.

Educación, formación y aprendizaje permanente

El aprendizaje permanente desempeña un papel importante en España y en 2022 se modernizó y digitalizó mediante la aprobación de la Ley de Aprendizaje Permanente.[3] The law formally recognized the essential role of digital platforms in permanent education, such as the free and digitally available Educalab platform, which had over 5 million registered users in 2024.[4] El aprendizaje permanente también contribuye a reducir la tasa de abandono escolar. En 2024, la tasa de abandono escolar temprano cayó a un mínimo histórico del 13%, aunque sigue estando por encima de la media de la Unión Europea, que es del 9,3%.[5] Un factor que ha contribuido a esta disminución ha sido la modernización de la formación profesional (FP) mediante el aprendizaje híbrido, que combina la formación presencial y la formación en línea. La vinculación directa de la FP con el mercado laboral supone un fuerte incentivo para continuar con la formación. Actualmente, el modelo de FP se está renovando para convertirlo en un modelo dual. Existe una opción general, con menor participación empresarial y una opción intensiva, en la que las empresas asumen entre el 35% y el 50% de la formación. No obstante, incluso en la opción intensiva, la financiación del alumnado se canaliza a través de una beca o un contrato.

La promoción de la formación profesional ha contribuido a cambiar la percepción de que se trata de una opción secundaria, ahora se presenta como una alternativa a la educación superior de igual calidad. El Plan estratégico de impulso de la formación profesional 2022-2025 identifica la reducción de la tasa de abandono escolar como un objetivo fundamental y subraya la importancia del aprendizaje permanente.[6] El informe del Consejo Escolar del Estado reconoce la importancia de reforzar el aprendizaje permanente para reducir el abandono escolar.[7] Las escuelas públicas de educación para personas adultas, como el Aula Mentor, también están pensadas para quienes abandonaron los estudios.[8] Las mejoras en la FP tienen una influencia positiva en los grupos socialmente excluidos. Según los estudios realizados por la European Association for the Education of Adults (EAEA) [Asociación Europea para la Educación de Adultos], el riesgo de exclusión social en los grupos vulnerables se reduce en un 5% por cada año adicional de educación de adultos.[9] La educación para personas adultas ayuda a los colectivos sociales más vulnerables a desarrollar competencias laborales, por ejemplo, a través de los Centros de Educación de Personas Adultas ubicados en barrios marginados[10] y contribuye a la integración social, mediante cursos de idiomas e información sobre empleo, así como sobre el marco jurídico y administrativo. Uno de estos programas es «Aprender trabajando», impartido por la Fundación Secretariado Gitano y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), cuyo objetivo es mejorar las oportunidades laborales de la juventud gitana.[11] La FP resulta especialmente útil en zonas con un alto desempleo estructural, ya que facilita el acceso al mercado laboral. Un ejemplo de ello es el proyecto «Mucho más que empleo», liderado por la Liga Gaditana de Educación y Cultura Popular en colaboración con la Fundación La Caixa. Asimismo, la FP fortalece y reconstruye el tejido social a través de oportunidades formativas sin restricciones económicas, como las que ofrece la Federación Española de Universidades Populares.[12]

Según el GEN, se han realizado mejoras importantes para modernizar la FP y adaptarla a las necesidades del mercado laboral. Una de ellas es el modelo dual de FP. Otra medida es la sustitución del módulo tradicional de experiencia laboral por nuevos módulos con resultados de aprendizaje más acordes a las necesidades actuales del mercado laboral, como inglés profesional, sostenibilidad y educación digital. La oferta de FP se ha ampliado con 6729 nuevos programas, por lo que ahora hay más de 7500 disponibles. El GEN destaca las 5432 microacreditaciones dirigidas a la cualificación y recualificación de las personas trabajadoras, con el fin de mejorar su empleabilidad.[13] Entre las ofertas hay una nueva línea sobre inteligencia artificial y datos, muy demandada tanto por el alumnado como por el mercado laboral.[14] Por último, se han creado varios registros (como el Registro Estatal de Formación Profesional, el Registro Estatal de Certificados Profesionales y el Registro General de Centros de Formación Profesional) para ayudar a la ciudadanía a obtener información sobre cursos y proveedores de formación.

No obstante, el GEN señala varios obstáculos y ámbitos que deben mejorarse. Las políticas de FP no se evalúan en función de su impacto. Además, la fragmentación y la burocracia interfieren en la continuidad y la coherencia de los cursos de formación. Quizá la necesidad más apremiante sea mejorar el bienestar del profesorado que acusa una sobrecarga de trabajo. Según algunos informes, trabajan 43 horas semanales en lugar de las 37,5 establecidas.[15] Casi la mitad declara agotamiento emocional o síndrome de burnout. Según el 76% del profesorado encuestado por CCOO Enseñanza, su formación universitaria no se ajusta a la realidad de las aulas. [16]Algunas ramas de la formación profesional, como las relacionadas con las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM), también carecen de profesorado. El Comité Español de Matemáticas ha expresado su preocupación por el bajo nivel de competencia matemática del profesorado de primaria y secundaria, que en parte se debe a una formación inadecuada.[17] Otra cuestión que señalan son los posibles problemas de acceso a la FP, ya que el aumento de la matriculación de estudiantes en los centros públicos durante la última década ha sido solo una cuarta parte del registrado en el sector privado. Los centros públicos solo han podido matricular al 65,7% de las personas que solicitaron un puesto en FP, debido a la falta de capacidad y recursos, lo que podría indicar dificultades futuras para garantizar un acceso equitativo a la FP.[18] Esta desigualdad en el acceso se ve agravada en algunas comunidades autónomas por la falta de recursos adecuados y de centros activos para la formación de personas adultas, causada, al menos en parte, por las diferencias en la financiación y el desarrollo de la FP.

Las ONG y las instituciones educativas formales han colaborado en numerosos proyectos de educación para la ciudadanía global.[19] La Liga Española de la Educación y la Cultura Popular ha trabajado con el Ministerio de Educación durante los últimos tres años en la fundación CIVES, que incorpora formación y conocimientos sobre memoria democrática en los planes de estudio escolares.[20] La Semana de Acción Global por la Educación, organizada por ONG como Entreculturas y Educo, tiene como objetivo concienciar al alumnado sobre la importancia de la educación en situaciones de crisis, como desastres naturales o guerras.[21] Educo también organiza proyectos con colegios de todo el Estado español para garantizar una educación segura y de calidad, así como para fomentar la participación y el compromiso ciudadano. Cerca de 23.000 niños se han beneficiado de estos proyectos.[22]

[1] CCOO (2024), “Contra la brecha slarial de género”: https://observatorioigualdadyempleo.es/wp-content/uploads/2025/02/INFORME_CCOO_BRECHA_SALARIAL_YA_VAMOS_TARDE.pdf

[2] UGT (2025) “Informe sobre discriminación salarial hacia las mujeres”: https://www.ugt.es/sites/default/files/INFORME%20IGUALDAD%20SALARIAL%202025.pdf

[3] Boletín oficial del Estado (2022), “Ley de Formación permanente”: https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/04/12/272/con

[4] Plataforma Educalab (2025), “home”: http://educalab.es/home

[5] Ministerio de Educación (2025), “Abandono escolar”: https://www.educacionfpydeportes.gob.es/prensa/actualidad/2025/01/20250128-abandonoeducativo.html ; Eurostat (2025), “Early leavers from education and training”: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Early_leavers_from_education_and_training

[6] Gobierno de España (2021) “Componente 20: Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional”: https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes/componente-20-plan-estrategico-de-impulso-de-la-formacion-profesional

[7] Consejo escolar del Estado (2025), “Informes anuales sobre el estado del sistema educativo”: https://www.educacionfpydeportes.gob.es/mc/cee/publicaciones/informes-del-sistema-educativo.html

[8] Aula mentor (2025), “Fortalece tu futuro con aprendizaje permanente y a lo largo de la vida”: https://aulamentor.es/#:~:text=Fortalece%20tu%20futuro%20con%20aprendizaje,alumnos%20y%20alumnas%20hoy%20mismo!

[9] European Adult Education Association (2025), ”Country reports – Spain”: https://countryreport.eaea.org/spain#spain-reports-Spain%202022

[10] Escuela de adultos en Sevilla (2005), “Cuatro realidades para combatir el estigma de Las Tres Mil Viviendas de Sevilla”:  https://www.elcorreoweb.es/sevilla/2024/10/20/combatir-estigma-tres-mil-viviendas-sevilla-109555460.html

[11] Fundación secretariado gitano (2025), “Home“: https://www.gitanos.org/

[12] Liga gaditana de la Educación (2025), “Mucho más que empleo”: https://www.ligagaditana.com/ ;     Universidades populares en España (2025) https://feup.org/web/

[13] Ministerio de Educación (2005), ”Nuevas ofertas de la FP para este año”: https://www.educacionfpydeportes.gob.es/prensa/actualidad/2025/03/20250318-nuevasformaciones.html

[14] Ibid.

[15] El País (2025), “La mitad de los profesores sufre un desgaste emocional significativo por su trabajo”: https://elpais.com/educacion/2025-04-30/la-mitad-de-los-profesores-creen-que-la-formacion-que-reciben-es-insuficiente-para-hacer-su-trabajo.html

[16] Cadena Ser (2025), ”Más del 75% de los profesores considera que su formación universitaria no se ajusta a la realidad de las aulas“: https://cadenaser.com/nacional/2025/04/30/mas-del-75-de-los-profesores-considera-que-su-formacion-universitaria-no-se-ajusta-a-la-realidad-de-las-aulas-cadena-ser/

[17] El país (2025), ”Los mathemáticos advierten del insuficiente nivel de parte del profesorado que imparte la asignatura”: https://elpais.com/educacion/2024-09-05/los-matematicos-advierten-del-insuficiente-nivel-de-parte-del-profesorado-que-imparte-la-asignatura.html

[18] El País (2025), “El Gobierno repartirá 867 million entre las comunidades para impulsar la FP entre trabajadores y parados“: https://elpais.com/economia/2024-08-27/el-gobierno-repartira-867-millones-entre-las-comunidades-para-impulsar-la-fp-entre-los-trabajadores-y-parados.html

[19] Cadena Ser (2025), ” Alcalá de Henares celebrará sus V Olimpiadas Solidarias el 14 y el 16 de mayo“: https://cadenaser.com/cmadrid/2025/05/05/alcala-de-henares-celebrara-sus-v-olimpiadas-solidarias-el-14-y-el-16-de-mayo-ser-henares/ ; InteRed (2025), “Métodos educativos transformadores para la inclusión social y la ciudadanía global”: https://intered.org/es/que-hacemos/proyectos/metodos-educativos-transformadores-para-la-inclusion-social-y-la-ciudadania

[20] Cives (2025), ”Memoria democrática“: https://fundacioncives.org/

[21] Cadena Ser (2025), ”El alumnado en Navarra solicitará en la SAME políticas de refuerzo para la educación en emergencias“: https://cadenaser.com/navarra/2025/05/05/el-alumnado-en-navarra-solicitara-en-la-same-politicas-de-refuerzo-para-la-educacion-en-emergencias-radio-pamplona/

[22] Educo (2025), ”Donde Actuamos”: https://www.educo.org/donde-actuamos/europa/espana

Seguridad en el empleo

La seguridad laboral ha mejorado significativamente como resultado de las reformas laborales nacionales destinadas a reducir el empleo temporal e incentivar la creación de puestos de trabajo fijo. El empleo alcanzó un máximo histórico en el primer trimestre de 2024, con un 65,7% de la población en edad de trabajar ocupada, según datos de la OCDE.[1] Sin embargo, a pesar de una disminución constante a lo largo de los años, la tasa de desempleo en España sigue siendo muy alta respecto a los estándares de la OCDE, situándose en un 11,2% en el tercer trimestre de 2024.

Los empleos relacionados con la economía verde han aumentado, en concreto, el sector energético ha registrado un incremento del 13,3%, lo que supone un total de 98.000 puestos de trabajo en este sector a principios de 2024.[2] En general, estos nuevos puestos de trabajo son seguros, de alta calidad y ofrecen estabilidad y perspectivas a largo plazo. El crecimiento verde también está afianzando el papel central del país en las iniciativas de transición energética de la Unión Europea.[3]

Buenas prácticas:

En MPDL, la defensa de los derechos laborales se entiende como un elemento clave tanto para la integración social como para la protección de los derechos humanos. Desde esta perspectiva, MPDL ha desarrollado un enfoque integral que combina el apoyo individualizado a través de iniciativas de búsqueda activa de empleo y programas de formación ocupacional, con acciones de incidencia dirigidas a los sectores laborales más vulnerables. El trabajo doméstico, en el que son frecuentes las jornadas excesivas, los salarios por debajo del mínimo legal y la ausencia de cotizaciones a la seguridad social —situación que afecta especialmente a mujeres migrantes en condición de vulnerabilidad administrativa—, fue identificado como un ámbito prioritario. En respuesta, MPDL incorporó este sector a su labor de defensa de derechos mediante tres líneas de actuación complementarias: la promoción de iniciativas legislativas que fortalezcan la protección jurídica de las trabajadoras domésticas; la difusión de información sobre derechos laborales a través de folletos, materiales audiovisuales breves y una aplicación móvil; y la prestación de asesoramiento jurídico accesible tanto de forma presencial como a distancia, para llegar a quienes tienen horarios más restrictivos o trabajan en régimen interno. Esta buena práctica ha contribuido a mejorar el acceso a la justicia, aumentar el conocimiento de los derechos y promover medidas de política pública que avanzan hacia condiciones laborales más justas e inclusivas.

Salud y seguridad en el trabajo

Según las estadísticas sindicales, la salud y la seguridad en el trabajo (SST) no mejoraron en España en 2024. Ese año se produjeron un total de 796 accidentes mortales en el trabajo, lo que supone un aumento del 10,4% con respecto a 2023, es decir, 75 accidentes mortales más.[4] De los 1.181.202 accidentes laborales registrados ese año, 628.300 dieron lugar a bajas por enfermedad, lo que supone un aumento del 0,5% con respecto a 2023. Los accidentes laborales con baja por enfermedad en jornada laboral disminuyeron un 2,3%. Aunque estas dos últimas estadísticas parecen indicar una evolución ligeramente más positiva de la SST en España, el GEN señala que existen otros factores que explican estas cifras.

En primer lugar, las estadísticas no reflejan una mejora en materia de seguridad y salud en el trabajo, sino más bien un cambio en las actividades laborales. Entre 2019 y 2024, la población activa en España aumentó en casi 1,9 millones, y muchos de estos puestos de trabajo registraron una baja incidencia de accidentes laborales. Este efecto de composición se aprecia en los accidentes laborales mortales en jornada, ya que la tasa de las profesiones de alta incidencia es tres veces superior a la de las profesiones de baja incidencia. El efecto es aún más notable en los accidentes laborales que causan bajas por enfermedad, cuya tasa en las profesiones de alto riesgo es cuatro veces superior.

En segundo lugar, aunque las condiciones laborales de los distintos tipos de empleo no han mejorado, el crecimiento económico de España ha permitido que muchas personas accedan a profesiones más estables, que suelen ir acompañadas de mejores condiciones laborales. En 2024, los contratos temporales solo representaron el 58% de los nuevos contratos, frente al 90% de 2019. Los contratos fijos iniciales, es decir, los contratos que se formalizaron como fijos desde el inicio de la relación laboral, representaron el 39%, frente al 6% en 2019. A menudo, el personal fijo es más consciente de los riesgos específicos de un puesto de trabajo y está más preparado para afrontarlos. Esto se corrobora con la tasa de incidencia de los accidentes laborales en jornada, que muestra que las bajas por enfermedad son más frecuentes entre el personal más joven y disminuyen con la edad.

En tercer lugar, el marco jurídico español en materia de salud y seguridad en el trabajo está obsoleto y no nos permite obtener una valoración general adecuada de la situación en España. La tabla de enfermedades profesionales no incluye ninguna patología relacionada con los riesgos psicosociales. Solo se han reconocido 194 casos de trastornos mentales como enfermedades profesionales en 2024. La notificación de los incidentes laborales ha mejorado desde la pandemia de la COVID-19, pero el aumento de los incidentes notificados ha sido más acusado en los casos que no han conllevado baja laboral, mientras que en los que sí ha sido necesaria la baja solo han aumentado moderadamente. También parece que las enfermedades causadas por carcinógenos están deficientemente registradas, ya que estas solo representan el 0,4% de los informes (106 en total), de los cuales 33 fueron bajas por enfermedad. Estas cifras tan bajas contrastan con los más de 16.000 nuevos casos de cáncer profesional que se estima que se producen cada año en España.[5]

Por último, estas estadísticas generales no muestran cómo factores concretos, como el género, aumentan la probabilidad de sufrir determinadas enfermedades laborales. Por ejemplo, el 76% de los casos del sector servicios se refieren a mujeres, ya que las empleadas de la limpieza, por ejemplo, están más expuestas a factores físicos, biológicos y cutáneos que pueden causar enfermedades laborales. Sin embargo, en los sectores industrial y de la construcción, el 64% de los casos afecta a trabajadores varones, que presentan una mayor incidencia de accidentes laborales relacionados con agentes químicos y carcinógenos. Las diferencias regionales también influyen en la notificación de accidentes laborales. Las tres comunidades autónomas con mayor índice de población activa (Cataluña, Andalucía y Madrid) registran una incidencia de accidentes laborales inferior a la media, lo que podría indicar una infranotificación en estas regiones.

[1] OECD (2024), ”OECD Employment Outlook 2024 – Country Notes: Spain”: https://www.oecd.org/en/publications/oecd-employment-outlook-2024-country-notes_d6c84475-en/spain_b237abc0-en.html

[2] Fundación Naturgy, ”Empleos que demandará el sector energético”: https://www.fundacionnaturgy.org/publicacion/empleos-que-demandara-el-sector-energetico/

[3] World Economic Forum (2025), ”Spain Energy Hubs and Europe’s Energy Transition“: https://www.weforum.org/stories/2025/01/spain-energy-hubs-europe-energy-transition/

[4] Comisiones Obreras (2024) ”Análisis de las estadísticas de ACCIDENTES DE TRABAJO y ENFERMEDADES PROFESIONALES en España”: ttps://estudios.ccoo.es/6987404735a3656e4f042048e345ba3d000001.pdf

[5] CCOO (2025), “Análisis de las estadísticas de ACCIDENTES DE TRABAJO y ENFERMEDADES PROFESIONALES en España (2024)”: https://estudios.ccoo.es/6987404735a3656e4f042048e345ba3d000001.pdf

Alojamiento

La vivienda sigue siendo un problema acuciante y cada vez más urgente y la población joven se encuentra en una situación especialmente desfavorable, según informa el GEN. En 2024, más de 4,6 millones de hogares tuvieron dificultades para acceder a una vivienda o para mantenerla. El coste excesivo de la vivienda y de los suministros fue el principal problema y afectó al 14,1% de la población, es decir, a 2,7 millones de hogares.[1] Esta difícil situación ha derivado en un aumento de la precariedad en la tenencia de la vivienda, el hacinamiento grave, el deterioro de las condiciones de las casas y la imposibilidad de adaptarlas a las necesidades de las personas con movilidad reducida. La gente joven se ve especialmente afectada por la crisis por múltiples razones.

Según los datos del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España, los hogares formados por jóvenes deben destinar más del 45% de sus ingresos al pago del alquiler. Esta cifra supera con creces el umbral del 30% establecido por la OCDE a partir del cual el alquiler se considera una carga económica excesiva.[2] En cuanto a la propiedad, la situación es aún peor. Una persona asalariada joven que quisiera comprar una vivienda tendría que destinar más del 75% del salario medio bruto nacional durante 15 años para adquirir una vivienda a precios de mercado a mediados de 2024. Esta situación contrasta notablemente con la de las generaciones anteriores, como revelan los datos del Banco de España. Más del 80% de las personas nacidas entre 1945 y 1965 eran propietarias de su vivienda principal a los 42 años. En cambio, entre las personas nacidas entre 1975 y 1985, este porcentaje se ha reducido al 67%.

Figura 1: Porcentaje de hogares jóvenes que dedican más del 40 % de su renta disponible al pago de su residencia habitual, por grupo de ingresos.

Fuente: Elaboración propia de NSG a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida, del INE (2023).

El GEN identifica dos tendencias principales que subyacen a esta disminución constante del poder adquisitivo de la población joven para comprar una vivienda en España. La primera es la creciente polarización del acceso a la vivienda.[3] El elevado coste de comprar una vivienda ha obligado a la gente joven a optar por el alquiler, lo que ha provocado una subida de los precios. Según el informe «Un problema como una casa» del Consejo Español de la Juventud, alrededor del 70% de la población joven en España vive de alquiler. Además, el 87% comparte piso (normalmente entre tres o cuatro personas) para dividir el alquiler y casi el 30% de la juventud necesita ayuda económica de sus familias para pagarlo; el 35% tiene unos ingresos netos mensuales inferiores a 1000 euros y el 40% afirma que no puede ahorrar más de 100 euros al mes. Según datos del Consejo de la Juventud, más del 65% de los hogares jóvenes más pobres destina más del 40% de sus ingresos a la vivienda, frente al 10,3% de los más ricos. Según datos del Consejo de la Juventud de España, en el quintil más pobre, más del 65% de los hogares jóvenes destina más del 40% de sus ingresos a la vivienda, frente al 10,3% del quintil más rico.[4]

La segunda tendencia identificada por el GEN es el aumento de la desigualdad económica en España. La propiedad de la vivienda ha sido un importante indicador histórico de riqueza en España, ya que constituye la principal forma de ahorro y seguridad a largo plazo para muchas familias. Sin embargo, este modelo se ha vuelto cada vez más insostenible, ya que son muchas las personas jóvenes que no pueden acceder a una vivienda en propiedad. En su lugar, la riqueza familiar ha adquirido un papel central. El informe «Un problema como una casa» muestra, mediante estadísticas, cómo afecta la situación de la vivienda de los progenitores. Casi siete de cada diez jóvenes que crecieron en viviendas de alquiler también viven de alquiler, mientras que solo dos de cada diez se han comprado una vivienda. De quienes crecieron en viviendas en propiedad, cuatro de cada diez compran su vivienda y cuatro de cada diez viven de alquiler. Los otros dos se encuentran bajo el “régimen de cesión”[5] que permite vivir en una vivienda sin ser titular de esta ni del terreno, que a menudo es propiedad de algún miembro de la familia o del Estado. [6]

Estas cifras ponen de manifiesto la gravedad de la crisis de la vivienda en España y el gran impacto que tiene en la capacidad de la población joven para acceder a una vivienda.[7] La crisis también ha afectado significativamente la capacidad de emancipación de la población joven en España. En la actualidad, la tasa de emancipación juvenil (la proporción de personas económicamente independientes de su familia de origen que pueden abandonar el hogar familiar) se sitúa en su nivel más bajo, con un 14,8%.[8]

Figura 2: Régimen de tenencia de la vivienda de los jóvenes emancipados según el tipo de régimen de vivienda de sus padres.

Fuente: Elaboración propia de NSG a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida, del INE (2023).

Erradicación de la pobreza

La tasa de exclusión social en España ha mejorado desde la pandemia de la COVID-19 y los confinamientos. No obstante, sigue siendo significativamente más alta que la registrada en los años previos a la crisis financiera de 2008, según la Encuesta sobre integración social y necesidades sociales de la Fundación FOESSA.

Figura 3: Evolución de los niveles de integración social en la población española (2007-2024).

Fuente: Encuesta sobre integración y necesidades sociales realizada por la Fundación FOESSA en 2007, 2009, 2013, 2021 y 2024.

El número de hogares socialmente excluidos disminuyó un 13,9% entre 2021 y 2024, mientras que el de personas en esta situación se redujo un 17,5%. Sin embargo, el número de personas socialmente excluidas es un 17,7% superior al de 2007. En términos absolutos en 2024, 9,4 millones de personas sufrían exclusión social, de las cuales 4,3 millones se encuentran en situación de exclusión social grave; [9] el 25,8% de la población estaba en riesgo de pobreza y exclusión social y el 8,3% sufría pobreza extrema y exclusión.[10]Para cumplir el objetivo español establecido en el Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales, España debe conseguir que más de 2,8 millones de personas, de las cuales más de 700.000 son menores, salgan de la pobreza. [11] Esto evidencia que la exclusión social es un problema estructural en España, lo que, según apunta el GEN, intensifica el impacto negativo de las crisis. También significa que, para las personas más vulnerables, los periodos de prosperidad no compensan suficientemente el grave impacto de las crisis.

La tasa de exclusión laboral cayó 10,7 puntos porcentuales entre 2021 y 2024, situándose en el 14%. El desempleo de larga duración y los hogares con todos sus miembros en paro se redujeron casi a la mitad durante ese período. No obstante, una de cada diez personas en situación de empleo sigue estando socialmente excluida y realizando trabajos en condiciones muy exigentes, como la venta ambulante, el trabajo jornalero, el empleo del hogar o la recogida de residuos. Los empleos sin cotizaciones a la Seguridad Social, como el trabajo informal, han sido mucho más frecuentes en 2024 que antes de la crisis de la COVID-19. Además, una de cada tres personas en paro sufre exclusión social grave. Más de ocho de cada diez familias cuyo principal sostén económico está en situación de desempleo se encuentran en situación de exclusión social y más de la mitad de ellas sufren exclusión social grave.

Según los datos de la Encuesta sobre integración social y necesidades sociales, la brecha generacional en la exclusión social grave está aumentando. La tasa de exclusión social de las personas pensionistas se redujo al 8,2% en 2024 y la tasa de exclusión social grave entre pensionistas mayores de 65 años es extremadamente baja, del 2%. Esto convierte a este grupo de edad en el más protegido y menos vulnerable. Sin embargo, la tasa de exclusión social grave entre 2007 y 2024 se duplicó con creces entre la población infantil, hasta alcanzar el 15,4% y aumentó significativamente entre la población juvenil, hasta alcanzar el 11,4%. Esto plantea una gran preocupación por el futuro de la generación más joven de la población española, ya que es probable que los efectos a largo plazo de la exclusión social sean perjudiciales.

La encuesta revela que la exclusión social sigue siendo un fenómeno predominantemente urbano, ya que el 54,6% de los hogares en situación de exclusión social se encuentran en entornos urbanos, frente al 10,5% en entornos rurales. No obstante, el GEN señala que la exclusión social también está aumentando en las zonas rurales: la proporción de hogares rurales que sufren exclusión social grave aumentó hasta el 11% en 2024. La estructura del hogar desempeña un papel importante. En los hogares monoparentales, la tasa de exclusión social alcanza el 29%. En el caso de las familias con hijos e hijas menores de 24 años y de las familias con un miembro con discapacidad, esta tasa se reduce al 24%.

Acceso a una atención sanitaria de calidad

Los colectivos vulnerables siguen teniendo dificultades para acceder a la asistencia sanitaria en España. Se ha propuesto una nueva ley sobre la universalidad del Sistema Nacional de Salud, pero su proceso legislativo se encuentra paralizado desde mayo de 2024. Por tanto, los problemas del marco sanitario actual, establecido en el Real Decreto-Ley 7/2018 (RDL), siguen sin resolverse. El RDL de 2018 discrimina a las personas refugiadas que no tienen residencia legal y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ha advertido que vulnera su derecho a acceder a la asistencia sanitaria. El RDL no corrigió los defectos de la ley que sustituía y, además, introdujo dos nuevos requisitos para estas personas. El primero es que no puede existir una obligación de pago por parte de un tercero. El segundo es la prueba de haber residido en España durante al menos 90 días. Casi todas las comunidades autónomas, sin embargo, vinculan esta residencia al requisito de empadronarse. Esta es la causa del 23,7% de los casos documentados de obstáculos para acceder a la asistencia sanitaria. Las personas mayores que llegan a España mediante un proceso de reagrupación familiar también quedan excluidas por el requisito de residencia, lo que, además, les impide acceder a la asistencia sanitaria y les deja sin ningún tipo de protección.

A veces, las personas solicitantes de protección internacional se enfrentan a otra forma de discriminación relacionada con la atención sanitaria: se les obliga a pasar por dos procedimientos distintos, uno para solicitar protección internacional y otro para acceder a dicha atención. A menudo, tienen que hacerlo a pesar de que, en teoría, su condición de solicitantes de protección internacional ya garantiza el acceso a la atención sanitaria. El «III Informe sobre las barreras al Sistema Nacional de Salud en poblaciones vulnerabilizadas», elaborado por Médicos del Mundo señala también otros obstáculos que se encuentran las personas migrantes, como las diferencias procedimentales y las dificultades para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva (además de los obstáculos a los que se enfrentan otras mujeres en España).[12] El acceso a estos servicios es un problema para las mujeres en España en general, pero afecta especialmente a las mujeres migrantes en situación irregular.

Los grupos vulnerables se enfrentan a muchas otras barreras para acceder a la atención sanitaria. Casi una décima parte (9,4%) de todas las barreras y dificultades documentadas son de naturaleza física, como la distancia para acceder a la atención sanitaria y los horarios restringidos de los centros de salud, según un informe de Médicos del Mundo. Las barreras físicas pueden dar lugar a barreras económicas, que representan el 14,3% de las barreras documentadas. Un ejemplo de ello son las facturas por la atención de urgencia, que suelen aumentar en función de la distancia que hay que cubrir para trasladar a la persona enferma. Además, recibir atención médica a menudo implica perder un día de trabajo y, posiblemente, ingresos. No obstante, la principal barrera económica sigue siendo el alto coste de los tratamientos que no están cubiertos por el sistema nacional de salud, pero incluso los tratamientos cubiertos pueden resultar muy costosos. El sistema de copago no es proporcional a los ingresos, por lo que es obligatorio pagar el 40% del precio de los medicamentos, lo que afecta más a las personas con ingresos bajos o precarios. Las barreras informativas suponen una cuarta parte de todas las documentadas. Entre otras, cabe mencionar la información errónea proporcionada en los centros administrativos, la denegación indebida de solicitudes y la falta de servicios de traducción. En ocasiones, el problema radica en un trato directamente xenófobo. Por último, las barreras culturales (es decir, cuando el sistema sanitario no tiene suficientemente en cuenta las diferencias culturales de determinados grupos sociales) pueden disuadir a algunos grupos vulnerables de recurrir a la sanidad pública. Según el informe de Médicos del Mundo, las barreras culturales representan el 10,5% de los casos documentados.

Acceso a servicios esenciales

Según informa el GEN, los grupos sociales vulnerables siguen topándose con barreras administrativas y prácticas discriminatorias cuando intentan acceder a servicios esenciales. Un obstáculo fundamental es la dificultad para empadronarse, ya que, a pesar de ser un derecho de toda persona que resida en España, muchas personas en situación administrativa irregular a menudo no pueden ejercerlo debido a que ya que generalmente exigen documentos de identificación o un contrato de alquiler.[13] Esta situación crea obstáculos adicionales para las personas migrantes a la hora de acceder a prestaciones sociales y sanitarias o de solicitar residencia o protección internacional. Las mujeres migrantes se encuentran en una situación particularmente vulnerable, al igual que las trabajadoras sexuales y las víctimas de trata o explotación sexual.[14]

Las personas en situación administrativa irregular a menudo se topan con obstáculos para abrir cuentas de pago básicas, lo que puede llevar a la exclusión social, ya que la adquisición de productos financieros a menudo está vinculada a estas cuentas y porque se enfrentan a la estigmatización y la discriminación constantes por motivos de nacionalidad, situación administrativa, país de origen o país de procedencia. Según el informe de Médicos del Mundo, las personas que se dedican al trabajo sexual y las víctimas de trata o explotación sexual se encuentran entre los grupos que se enfrentan a diversas barreras para abrir estas cuentas debido a su situación laboral irregular.[15]

En 2022, el Gobierno español y las comunidades autónomas establecieron un sistema para facilitar el acceso de las víctimas y supervivientes de trata o explotación sexual a los recursos y servicios que ofrecen atención y ayuda para su recuperación. Sin embargo, este procedimiento no ofrece a las víctimas la posibilidad de conseguir una reparación. Otro problema importante son las significativas diferencias regionales en cuanto a la aplicación del sistema.

[1] Médicos del Mundo (2024), “III informe de Barreras al Sistema Nacional de Salud en poblaciones vulnerabilizadas”:  https://www.medicosdelmundo.org/actualidad/publicaciones/informes/iii-informe-de-barreras-al-sistema-nacional-de-salud-en-poblaciones-vulnerabilizadas/

[2] Medicos del Mundo (2024), ”MIRADAS DE LA SOCIEDAD CIVIL: Evaluación y perspectivas ante la revisión regional europea del Pacto Mundial para la Migración de 2024”:  https://sociedadcivilpactomundial.org/wp-content/uploads/2024/03/Informe-Miradas-Sociedad-Civil-OK.pdf

[3] Médecins du Monde Spain (2024), ”To access rights: administrative accreditation of victims of trafficking and sexual exploitation’“: https://www.medicosdelmundo.org/actualidad/publicaciones/informes/para-acceder-a-derechos-acreditacion-de-victimas-de-trata-y-explotacion-sexual/

[4] Médicos del Mundo (2024), “III informe de Barreras al Sistema Nacional de Salud en poblaciones vulnerabilizadas”: https://www.medicosdelmundo.org/actualidad/publicaciones/informes/iii-informe-de-barreras-al-sistema-nacional-de-salud-en-poblaciones-vulnerabilizadas/

[5] Fundación FOESSA (2024), “La sociedad del riesgo: hacia un modelo de integración precaria (Análisis y perspectivas 2024)”: https://www.caritas.es/producto/la-sociedad-del-riesgo-hacia-un-modelo-de-integracion-precaria/

[6] INE (2024) ” Encuesta de Condiciones de Vida (ECV)”: https://ine.es/dyngs/Prensa/es/ECV2024.htm

[7] ”Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. 2024-2030”: https://www.dsca.gob.es/sites/default/files/noticias/Estrategia_Nacional_de_Prevenci%C3%B3_y_Lucha_contra_la_Pobreza_2024.pdf

[8] Fundación FOESSA (2024), “La sociedad del riesgo: hacia un modelo de integración precaria (Análisis y perspectivas 2024)”: https://www.caritas.es/producto/la-sociedad-del-riesgo-hacia-un-modelo-de-integracion-precaria/

[9] International Union of Tenants (2024), “IUT Priorities for the European Parliament”: https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/briefing_note_on_security_of_tenure_and_rent_stabilisation_and_rent_control_iut_2018.pdf

[10] Boertien, D. and López-Gay, A. (2023), “The polarization of real estate ownership and increasing wealth inequality in Spain”: https://academic.oup.com/esr/article-abstract/39/4/615/6967430

[11] Consejo de la Joventud de España (2025), ”Un problema como una casa”: https://drive.google.com/file/d/1ip4AxFBp__oCccZL01g52hTQtADRI_TW/view?usp=sharing

[12] RealAdvisor (2024) “Todo lo qué necesitas saber sobre la cesión de uso de viviendas en España”: https://realadvisor.es/es/blog/cesion-uso-vivienda

[13] Consejo de la Joventud de España (2025), ”Un problema como una casa”: https://drive.google.com/file/d/1ip4AxFBp__oCccZL01g52hTQtADRI_TW/view?usp=sharing

[14] Soriano Muñoz, I., & Gainza Barrenkua, X. (2025). La Desigualdad de Riqueza en Perspectiva Generacional: Evidencia de la Encuesta Financiera de las Familias (2002-2020). Revista Española De Investigaciones Sociológicas, (189), 149–166. https://doi.org/10.5477/cis/reis.189.149-166

[15] Consejo de la Joventud de España (2025), “La tasa de emancipación alcanza el peor dato desde 2006: solo el 14,8% de la juventud española vive fuera del hogar familiar”: https://www.cje.org/en/observatorio1s2024/

El monitor CIVICUS clasifica el espacio cívico en España como "restringido", una situación que no ha cambiado desde 2018.[1] Esta clasificación significa que, aunque la sociedad civil puede seguir trabajando con relativa facilidad y los derechos civiles pueden seguir ejerciéndose, existen restricciones y violaciones. Por ejemplo, en España se produjeron varios casos de acoso e incluso agresiones a periodistas que informaban sobre protestas, así como la detención de manifestantes por el clima.[2]

Diálogo civil

La Comisión para el Diálogo Civil, creada en 2013 y consolidada legalmente en 2017 sigue siendo la principal institución para el diálogo civil en España. Esta comisión facilita el diálogo permanente entre la Administración General del Estado y la sociedad civil, representada por la Plataforma del Tercer Sector (PTS), y está presidida por el ministro de Derechos Sociales, que nombra a nueve de sus miembros. Los otros 11 miembros son representantes de la PTS. Varias comunidades autónomas también han creado (o están en proceso de crear) comisiones de diálogo civil o mesas redondas con funciones y objetivos coincidentes con los de la comisión estatal. Según informa el GEN, estos espacios de diálogo funcionaron bastante bien en 2024, desempeñando un papel importante en la coordinación con las administraciones autonómicas y en la organización regional de las actuaciones de respuesta y asistencia en caso de emergencias, como desastres naturales. No obstante, el diálogo entre la PTS y las administraciones públicas sigue planteando ciertos desafíos, ya que no se han establecido marcos estables y eficaces para el diálogo civil. Uno de los interrogantes es si se debe continuar con el Acuerdo Marco entre la PTS, la Agenda 2030 y el Ministerio de Derechos Sociales, que expira en 2025. El acuerdo tiene como objetivo fortalecer la colaboración y reconocer el papel fundamental de la sociedad civil en las políticas públicas. Las tres partes siguen debatiendo su ampliación.

La Comisión para el Diálogo Civil y la PTS han participado en varias iniciativas legislativas de especial importancia para la sociedad civil española y han mantenido un diálogo activo con diversos ministerios. Han contribuido en asuntos relacionados con la salud, la migración y la economía social. La PTS también participó en los debates sobre la creación del Consejo de Desarrollo Sostenible, un órgano consultivo y colaborativo que facilita la participación de la sociedad civil en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. También formó parte de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo para cooperar institucionalmente contra el racismo, la xenofobia, la LGTBIfobia y otras formas de intolerancia del Observatorio Español contra el Racismo y la Xenofobia.

[1] CIVICUS (2025), “CIVICUS Monitor – Spain”: https://monitor.civicus.org/country/spain/

[2] CIVICUS (2024), “Protests erupt over amnesty law, two journalists arbitrarily detained”: https://monitor.civicus.org/explore/protests-erupt-over-amnesty-law-two-journalists-arbitrarily-detained/

Empleos de calidad en la transición ecológica

España se ha convertido en un referente europeo en materia de energías renovables: en 2024, el 56% de la energía producida procedía de fuentes solares y eólicas. Según las estimaciones del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, se crearán entre 242.000 y 348.000 puestos de trabajo en el sector de las energías renovables.[1]Según un informe de la Fundación Biodiversidad de 2023, existe un gran potencial para la creación de empleo en los sectores de las energías renovables, la adaptación y rehabilitación energética de edificios y la gestión de residuos.[2]

Varios acontecimientos ocurridos en 2024 contribuyeron a la creación de empleo verde. La Estrategia de Transición Justa (2020-2024) ha fomentado la creación de puestos de trabajo de calidad en la economía verde, incorporando al mismo tiempo la igualdad de género.[3]. Debido a las cláusulas de género en las licitaciones públicas, a los programas específicos de formación profesional y al apoyo al emprendimiento, el 42% de los puestos de trabajo en el sector de la energía verde creados entre 2019 y 2021 fueron ocupados por mujeres [4], en comparación con la tasa de empleo femenino del 33% en el sector energético (no verde).[5]El crecimiento económico de España en 2024 también contribuyó a la expansión del empleo verde, al igual que las reformas laborales destinadas a lograr una transición inclusiva y socialmente justa. Además, en 2024 se adoptaron nuevas políticas migratorias que facilitan la regularización e integración de hasta 300.000 personas migrantes al año en el mercado laboral español, lo que aumenta considerablemente la mano de obra disponible para las industrias verdes.

El GEN identifica la escasez de profesionales clave en el ámbito medioambiental como un reto importante. La demanda de especialistas en restauración ecológica y de personal técnico forestal supera con creces a la cantidad de profesionales disponibles, lo que pone de manifiesto un evidente desajuste entre la oferta y la demanda de competencias. Además, muchas profesiones, como la de especialista en eficiencia energética o consultoría medioambiental, deben actualizarse y adaptarse para seguir siendo relevantes. Muchos de los puestos disponibles requieren formación superior y competencias digitales, por lo que muchas personas mayores de 49 años deberán formarse para poder optar a ellos. No obstante, sectores como el del hidrógeno verde y el del montaje de vehículos eléctricos están en expansión y están creando puestos de trabajo más tradicionales.[6]

El empleo verde está distribuido de forma desigual en España, según señala la Comisión Europea en su Informe sobre la Cohesión.[7] Ciudades como Madrid y Barcelona se benefician de las industrias de alta tecnología verdes, mientras que en las zonas rurales es difícil abandonar los sectores tradicionales. Las regiones que ya contaban con una base industrial sólida, como Asturias y el País Vasco, pueden crear miles de puestos de trabajo si se transforman en industrias de bajas emisiones de carbono.

Buenas prácticas:

Se han puesto en marcha varias iniciativas para promover la sostenibilidad y el empleo verde. Entre las iniciativas públicas se encuentran la creación de cursos de formación en empleo verde, la concesión de subvenciones por valor de 73 millones de euros por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para proyectos de sostenibilidad y empleo y el programa Empleaverde+.[8] Este programa ha financiado más de 64 proyectos de más de 126 entidades destinados a la renaturalización urbana y la agricultura regenerativa. Estos proyectos han beneficiado a más de 13.000 personas, principalmente a colectivos vulnerables, como mujeres rurales, jóvenes en situación de riesgo y personas que trabajan en sectores en transición. Además, en 2024 se crearon iniciativas complementarias en los sectores público y terciario, entre otras cosas gracias al apoyo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE. Muchos de estos proyectos, como el programa EmpléaTe Verde, la plataforma Global Green Employment y el proyecto Hub Empleo Verde, tienen como objetivo promover el empleo ofreciendo posibilidades de formación en sectores verdes, respectivamente para grupos vulnerables, como mujeres rurales, jóvenes y barrios con altas tasas de desempleo. Otras iniciativas, como Traperos de EMAÚS y la Cooperativa L'Olivera, ofrecen oportunidades de empleo inclusivo para personas con discapacidad.

Acceso a la energía y pobreza energética

El informe de indicadores de pobreza energética en España 2023, elaborado por la Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad Pontificia Comillas, revela una serie de avances, algunos positivos y otros negativos.[9] Los retrasos en los pagos aumentaron ligeramente, del 9,2% en 2022 al 9,6% en 2023, lo que demuestra que sigue siendo un problema importante. El indicador de temperatura inadecuada aumentó significativamente, del 17,1% al 20,7%, lo que significa que 1,7 millones de hogares más tienen dificultades para calentar adecuadamente sus viviendas durante el invierno, por ejemplo.

Sin embargo, los indicadores absolutos muestran una mejora. A medida que los precios de la energía se moderaron en 2023 y los ingresos aumentaron, el indicador MIS (Estándar de Ingresos Mínimos) disminuyó en 0,4 puntos porcentuales. Según este indicador, un hogar sufre pobreza energética si, tras restar de sus ingresos reales los ingresos mínimos estándar (todos los gastos domésticos no energéticos necesarios para cubrir las necesidades básicas), no le quedan recursos suficientes para pagar la factura energética. Estos cambios han sido especialmente importantes para las personas más vulnerables de los primeros deciles de ingresos.

Acceso a la movilidad sostenible y pobreza en el transporte

El acceso a un transporte asequible sigue siendo un problema importante en España. Según un estudio del Grupo de Trabajo sobre Desigualdad Social en el Transporte, el transporte representa más del 10% del gasto de los hogares, lo que lo convierte en la tercera partida más importante después de la vivienda y la alimentación e iguala o incluso supera el gasto de los hogares en energía.[10] Según estima el estudio, entre 1,3 y 1,8 millones de personas en España se encuentran en una situación de grave vulnerabilidad en materia de transporte. Para dos millones de personas, el coste del transporte supone una carga excesiva. Existen diferencias significativas entre las regiones que influyen en la pobreza en materia de transporte. En los centros urbanos, el transporte público es de fácil acceso, pero puede resultar inasequible para muchos hogares, según el estudio «Caracterización de los hogares en situación de pobreza de transporte en España» del Observatorio de la Transición Energética y la Acción Climática (OTEA).[11] En las zonas rurales, el acceso al transporte público suele ser limitado, por lo que sus habitantes dependen de vehículos privados y deben asumir los costes que ello conlleva.

Esta situación se corrobora con los datos del Centro Vasco de Investigación sobre Cambio Climático (BC3), que identifica seis perfiles de personas con mayor propensión a sufrir pobreza de transporte. Tres de estos perfiles, que representan el 63% del total, son: parejas de personas mayores del medio rural, parejas pobres del medio rural con hijos/as y parejas del medio rural con hijos/as. Los otros tres grupos son hogares con hipotecas, personas migrantes y familias monoparentales.

Entre las medidas gubernamentales para reducir los precios del transporte para las familias se encuentran los abonos gratuitos de tren de Renfe y los billetes con descuento para Cercanías, Rodalies o Media Distancia. El Gobierno español subvencionó el 30% de los descuentos del 50% que introdujeron las comunidades autónomas para viajeros/as habituales, y la región subvencionó el 20% restante. Los abonos de temporada y los billetes multiviaje para los servicios de autobús de competencia estatal recibieron un descuento del 100%. Las medidas han tenido éxito. Los viajes mensuales en metro, autobús, tren de cercanías y media distancia aumentaron un 12% en 2024 con respecto a 2019 y un 33% con respecto a 2022. El transporte ferroviario de larga distancia aumentó también un 47% con respecto a 2019. Además, el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible está elaborando actualmente la Estrategia contra la Pobreza en el Transporte, otra iniciativa para fomentar el transporte asequible. Esta recibirá parte de los aproximadamente 9.000 millones de euros que España prevé gastar entre 2026 y 2032 en el marco del Fondo Social Climático de la UE.

[1] Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (2020), ”Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030: https://www.miteco.gob.es/es/prensa/pniec.html

[2] Fundación Biodiversidad & OECC (2023), “Empleo y transición ecológica. Yacimientos de empleo, transformación laboral y retos formativos en los sectores relacionados el cambio climático y la biodiversidad en España”: https://fundacion-biodiversidad.es/wp-content/uploads/2023/05/Estudio-Empleo-y-Transicion-Ecologica_-def.pdf

[3] Ministry for Ecological Transition and the Demographic Challenge (2020), ”Spain’s Just Transition Strategy (2020–2024)”: https://www.miteco.gob.es/content/dam/miteco/es/ministerio/planes-estrategias/transicion-justa/Just%20Transition%20Strategy_ENG.pdf

[4] Fundación Biodiversidad (2024), ”Call for applications for 2024 Empleaverde+ Program grants to improve skills”: https://fundacion-biodiversidad.es/en/convocatorias_emplea/call-for-grants-for-the-acquisition-or-improvement-of-skills-for-the-ecological-transition-within-the-framework-of-the-empleaverde-2024-program-co-financed-by-the-esf/

[5] elEconomist.es (2024) ” Las mujeres representan casi un 33% de la plantilla de las empresas energéticas, según informe”: https://www.eleconomista.es/empleo/noticias/12711222/03/24/las-mujeres-representan-casi-un-33-de-la-plantilla-de-las-empresas-energeticas-segun-informe.html

[6] Moeve Global (2025), “Spain’s Renewable Energy Boom and Green Hydrogen Leadership“: ; https://www.moeveglobal.com/en/planet-energy/green-energy/spain-renewable-energy-transition-green-hydrogen

[7] European Comission (2025), “Ninth Report on Economic, Social and Territorial Cohesion”: https://ec.europa.eu/regional_policy/information-sources/cohesion-report_en

[8] Fundación Biodiversidad (2024), ”Call for applications for 2024 Empleaverde+ Program grants to improve skills”: https://fundacion-biodiversidad.es/en/convocatorias_emplea/call-for-grants-for-the-acquisition-or-improvement-of-skills-for-the-ecological-transition-within-the-framework-of-the-empleaverde-2024-program-co-financed-by-the-esf/

[9] Romero, J.C., Barrella, R., Centeno, E., (2024), “Informe de Indicadores de Pobreza Energética en España 2022”, https://files.griddo.comillas.edu/informe-indicadores-2022-eyp-v4.pdf.

[10] Working Group on Social Inequalities in Transportation (2024), ”Vulnerability and Poverty in Transportation in Spain”: https://ecodes.org/biblioteca/documento?v=1&id=627-vulnerability-and-poverty-in-transportation-in-spain&descarga-documento=1&h=9c84e7a6f3b677e1a7f9c709d2bebd50e19768e84fdae652a7c9f425be8fb6e8

[11] OTEA (2024) ”Caracterización de los hogares en situación de pobreza en el transporte en España”: https://api.otea.info/storage/2024/10/28/42b090399ff2040503a4a3e38da1e5b300f6eb89.pdf