Portugal
Puntuación 40
Información del Observatorio de derechos sociales
Portugal sigue afrontando importantes retos en ámbitos sociales clave como la vivienda, la sanidad y la inclusión social, según el Grupo de Estrategia Nacional, dirigido por Rede Sem Fronteiras. A pesar de los esfuerzos para abordar la crisis de la vivienda, como el programa "Más Vivienda", los avances han sido limitados debido al aumento de los precios de la propiedad y del alquiler y a las ayudas inadecuadas a las poblaciones vulnerables, incluidos los inmigrantes y las familias con bajos ingresos. El sistema sanitario está sometido a fuertes tensiones, caracterizadas por un acceso insatisfactorio a una atención de calidad. El papel de la sociedad civil a la hora de influir en las políticas sigue siendo escaso, sobre todo en lo que respecta a la protección de los derechos de los inmigrantes. Además, la falta de diálogo efectivo entre el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil ha impedido avances significativos en la resolución de estas crisis. Para agravar estos problemas, el GSN destacó las persistentes dificultades para obtener datos oficiales en varios sectores, lo que pone de relieve un problema recurrente en el que el acceso a información exhaustiva sigue siendo incoherente en el país.
Puntuación 40
Igualdad de oportunidades y acceso al mercado laboral
El acceso al mercado laboral no es un hecho para muchos grupos en Portugal. La tasa de desempleo para el 1er trimestre de 2024 se situó en el 6,8%, 0,2 puntos porcentuales más que en el 4º trimestre de 2023 y 0,4 puntos porcentuales menos que en el 1er trimestre de 2023. Se ha producido una expansión de la población activa, principalmente entre los hombres de 25 a 34 años.[1] Sin embargo, el desempleo es mayor entre los jóvenes y las mujeres. En el cuarto trimestre de 2023, el desempleo juvenil global en la Unión Europea era de 14,7%, mientras que la tasa de Portugal era de 23,9%, la cuarta más alta.[2]
Inclusión de inmigrantes, refugiados, solicitantes de asilo y minorías
En 2023, aproximadamente 800.000 extranjeros residían legalmente en Portugal, de los cuales unos 76% procedían de países no comunitarios. En particular, 31% de la población inmigrante estaba en riesgo de pobreza o exclusión social.[3] Alrededor de 2 millones de personas en Portugal se enfrentan al riesgo de pobreza o exclusión social en 2023, incluidas las personas que viven en hogares con muy baja intensidad de mano de obra per cápita o que sufren graves privaciones materiales y sociales.[4] Aunque la pobreza afecta a un amplio espectro de la población portuguesa, es desproporcionadamente mayor entre los residentes extranjeros.
El Servicio de Extranjería y Fronteras (SEF) se reestructuró en 2023 y sus funciones se transfirieron a la Agencia de Integración, Migración y Asilo (AIMA) para separar las tareas policiales de las administrativas. Aunque este cambio pretendía mejorar el sistema de migración, en su lugar ha creado el caos para muchos inmigrantes. La acumulación de casos relacionados con permisos de residencia ha alcanzado casi el medio millón.[5] La Oficina del Defensor del Pueblo ha identificado varios problemas en los servicios de AIMA para inmigrantes, entre los que se incluyen: procesos de permisos de residencia que pueden tardar hasta tres años en ser revisados; imposibilidad de programar citas para la reagrupación familiar (una violación del derecho fundamental a la vida familiar); y problemas técnicos con las plataformas en línea que dificultan la presentación eficiente de las solicitudes.[6] La escasez de recursos humanos en la AIMA también es motivo de gran preocupación, y no hay indicios de mejora en un futuro próximo. Los procedimientos de asilo se han acelerado de forma rutinaria, tal y como permite el artículo 19 de la Ley de Asilo, aunque el GSN señala que este proceso debería ser la excepción y no la norma.[7] Este procedimiento excepcional sólo debe activarse cuando las autoridades estén seguras de que el solicitante de asilo no reúne los requisitos para recibir protección. Sin embargo, se ha utilizado para muchas solicitudes, lo que indica una falta de análisis exhaustivo de los casos individuales, que a menudo conduce a decisiones incorrectas y a la vulneración de los derechos de los inmigrantes. Además, los servicios de traducción son inadecuados y faltan intérpretes para las lenguas maternas de muchos solicitantes de asilo. Eso les obliga a someterse a entrevistas en lenguas que no entienden, como el francés o el inglés. Este es también un claro ejemplo del silenciamiento de la sociedad civil. La aplicación de políticas ineficaces que no reflejan las realidades a las que se enfrenta esta población ha exacerbado la crisis de la inmigración, con más de 400.000 casos pendientes de regularización.[8] La situación de muchos solicitantes de asilo es especialmente grave, con cientos de ellos sin hogar en las calles de Portugal. Mientras la nueva dirección de AIMA intenta introducir un nuevo sistema informático, necesidades esenciales como el alojamiento y la alimentación siguen sin cubrirse. En sus primeros seis meses, AIMA tuvo que hacer frente a más de 7.500 demandas de inmigrantes que solicitaban información actualizada sobre sus procesos de regularización, muchos de los cuales llevan pendientes hasta tres años.[9]
En 2023 se introdujo una nueva vía de regularización para los ciudadanos de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP) a través del Permiso de Residencia CPLP. Sin embargo, este permiso no cumple los criterios para un permiso de residencia válido en la UE no se reconoce como válido, muchos titulares se han enfrentado a dificultades, como no poder trabajar en determinadas profesiones (por ejemplo, conducción de camiones) o viajar por ocio dentro de la Unión Europea. Además, si son detenidos por las autoridades de otros países de la UE, a menudo son devueltos a su país de origen en lugar de a Portugal, lo que limita aún más su libertad de circulación. Esto ha llevado a la Comisión Europea a incoar un procedimiento de infracción contra Portugal.[10] En el interior del país, la falta de claridad en la comunicación sobre la validez del permiso ha llevado a muchas instituciones públicas a denegar servicios a las personas que lo poseen.
[1] Instituto Nacional de Estadística de Portugal (2024), Estadísticas de empleo: https://www.ine.pt/ngt_server/attachfileu.jsp?look_parentBoui=665524875&att_display=n&att_download=y#:~:text=The%20youth%20unemployment%20rate%20(16,pp%20from%20a%20year%20earlier.&text=quarter%20of%202024-,Source%3A%20Statistics%20Portugal%2C%20Labour%20Force,Survey%20%E2%80%93%201st%20quarter%20of%202024.&text=long%2Dterm%20unemployment)-,Source%3A%20Statistics%20Portugal%2C%20Labour%20Force,Survey%20%E2%80%93%201st%20quarter%20of%202024
[2] Euroindicadores de Eurostat (2024), Paro en la zona euro al 6,4%: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/18426688/3-01022024-BP-EN.pdf/13e802f5-a267-0b8a-6245-52f759f7cfe3
[3] Pordata (2023), Pordata publica un retrato de la población extranjera y de los flujos migratorios en Portugal: https://pmf-sef.pt/wp-content/uploads/2023/12/PORDATA-dia-Internacional-dos-Migrantes-2023-12-12.pdf
[4] Instituto Nacional de Estadística de Portugal (2023), Renta y condiciones de vida: https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=639503443&DESTAQUESmodo=2
[5] Diário de Notícias (2024), calcula que hay 410.000 casos de inmigrantes pendientes en Portugal": https://www.dn.pt/3912218670/aima-calcula-em-410-mil-os-processos-de-imigrantes-pendentes-em-portugal/
[6] Provedoria de Justiça (2023), Seguimiento de la Actividad y del Proceso de Extinción del Servicio de Extranjería y Fronteras - Informe I: https://www.provedor-jus.pt/documentos/Relat%C3%B3rio%20SEF072023.pdf
[7] Procuradoria Geral da República, Ley 27/2008, Concesión de Asilo o Protección Subsidiaria: https://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=1584&tabela=lei_velhas&nversao=1
[8] Sic Noticias (2024) "Requiere respuesta urgente": La nueva advertencia de Marcelo sobre la situación en AIMA: https://sicnoticias.pt/pais/2024-06-01-video-exige-resposta-urgentissima-o-novo-alerta-de-marcelo-para-a-situacao-na-aima-8cf93684
[9] Executive Digest (2024) Los inmigrantes presentan más de 50 demandas al día contra AIMA para agilizar los permisos de residencia: https://executivedigest.sapo.pt/noticias/migrantes-colocam-mais-de-50-processos-judiciais-por-dia-contra-a-aima-para-acelerar-autorizacao-de-residencia/
[10] Comisión Europea (2023), "Paquete de septiembre sobre infracciones: decisiones clave": https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/inf_23_4367
Puntuación 42
Condiciones de trabajo justas
Salarios adecuados
El salario mínimo en Portugal en 2024 será de 820 euros al mes,[1] que es insuficiente para cubrir gastos esenciales como alquiler, servicios públicos, comestibles y transporte y garantizar un nivel de vida digno. Con una inflación de aproximadamente 3,2%, el coste de los bienes y servicios sigue aumentando, mientras que los salarios están estancados. Tanto el salario mínimo nacional como el salario medio en Portugal figuran entre los 10 más bajos de la Unión Europea. En la UE, 22 países tienen un salario mínimo establecido, y Portugal ocupa el 11º lugar entre ellos. En términos de poder adquisitivo, el salario mínimo portugués ocupa el 14º lugar entre los países de la UE.[2] Según la Comisión Europea, los precios de la vivienda en Portugal están sobrevalorados,[3] lo que significa que superan su valor fundamental de mercado, haciéndolos desproporcionadamente caros en relación con los niveles de renta o las condiciones económicas.
Según un estudio de Cáritas, el salario mínimo en Portugal es insuficiente para cubrir los costes de vida, ya que estos siguen creciendo a un ritmo superior al de los salarios. A ello se suman las preocupantes cifras de pobreza laboral, que en 2022 rondaba los 10% en el país.[4] Las mujeres se ven desproporcionadamente afectadas por la insuficiencia del salario mínimo debido a la persistente diferencia salarial entre hombres y mujeres. Portugal es el 15º país de la Unión Europea con mayor disparidad salarial entre hombres y mujeres, y se prevé que la verdadera paridad no se alcance hasta dentro de 28 años, y entonces solo si el país consigue invertir el rumbo de los últimos tres años.[5]
[1] Pordata (2023), Salario Mínimo Nacional: https://www.pordata.pt/en/node/1731
[2] The Portugal News (2024), Salario mínimo en Portugal 26% menos que en España: https://www.theportugalnews.com/news/2024-04-30/portugal-minimum-wage-26-lessthan-spain/88409
[3] Portugal News (2023), La Comisión Europea advierte del "sobreprecio" de los inmuebles en Portugal: https://www.theportugalnews.com/news/2023-12-22/ec-warns-of-overpriced-property-in-portugal/84435
[4] The Portugal News (2022), El salario mínimo no es adecuado" para evitar la pobreza: https://www.theportugalnews.com/news/2022-02-23/minimum-wage-is-not-adequate-to-avoid-poverty/65451
[5] Luís Leitão (2023), La paridad salarial entre hombres y mujeres no llegará a Portugal hasta 2051": https://eco.sapo.pt/2023/03/08/paridade-salarial-entre-homens-e-mulheres-so-devera-chegar-a-portugal-em-2051/
Puntuación 20
Inclusión y protección social
Puntuación 50
Espacio cívico
Espacio para las organizaciones de la sociedad civil
El Monitor CIVICUS clasifica el espacio cívico de Portugal como "Abierto", estatus que mantiene desde 2018.[1] La clasificación "Abierto" indica que el Estado habilita y protege activamente el espacio cívico, permitiendo a los ciudadanos formar asociaciones, protestar públicamente y acceder libremente a la información sin restricciones legales o prácticas. Las autoridades toleran las críticas, promueven el diálogo abierto y garantizan que las leyes que rigen las reuniones pacíficas y la libertad de los medios de comunicación se ajustan a las normas internacionales.
Portugal cuenta con un vibrante panorama de movimientos sociales, en particular los que defienden los derechos de las mujeres y los inmigrantes, informa el GSN. En los últimos años, se ha producido un notable aumento de los movimientos y organizaciones de la sociedad civil centrados en la crisis de la vivienda. Además, han surgido numerosos colectivos y asociaciones para luchar contra el racismo, lo que refleja una creciente voluntad en la sociedad civil de defender los derechos de los grupos que sufren discriminación. A pesar de este mayor activismo, los delitos de odio aumentaron en 38% en 2023 en comparación con el año anterior, y los incidentes de xenofobia[2] y racismo[3] se hicieron más frecuentes, poniendo de relieve los continuos retos a los que se enfrenta la sociedad civil en la lucha por la igualdad y la justicia.
Unas pocas asociaciones de la sociedad civil de mayor tamaño expresan eficazmente las demandas de la población inmigrante, y las organizaciones religiosas que trabajan en cuestiones de migración ejercen una influencia significativa sobre las autoridades públicas y gozan del reconocimiento de los actores políticos. Sin embargo, estas organizaciones tienden a ser menos asertivas en su defensa y a menudo infrautilizan su potencial político y transformador. En general, el impacto de la sociedad civil en cuestiones de inmigración es limitado, señala el GSN.
Las asociaciones y colectivos dedicados a promover la igualdad de género están bien organizados y profundamente comprometidos con la defensa de su causa. Participan activamente en diversas iniciativas, como protestas, reuniones con los responsables de la toma de decisiones y campañas en los medios de comunicación, para promover su causa. Sin embargo, suelen centrarse principalmente en los problemas de las mujeres portuguesas y no tienen un enfoque interseccional. Para abordar eficazmente las cuestiones de género, es esencial tener en cuenta los diversos marcadores sociales que se entrecruzan en las personas, como el racismo, la xenofobia, la falta de adecuación entre cualificación y discapacidad profesional, etc. Aunque los logros de estos movimientos benefician a todas las mujeres, el enfoque general se centra en las mujeres blancas europeas, lo que restringe su inclusividad y eficacia.
La financiación de las asociaciones, sobre todo en el ámbito de la migración, ha sido insuficiente en el último año. El FAMI (Fondo para el Asilo, la Migración y la Integración) era gestionado anteriormente por el ACM (Alto Comisionado para las Migraciones). Pero el ACM fue suprimido durante la transición del SEF (Servicio de Extranjería y Fronteras) a la AIMA (Agencia para la Integración, la Migración y el Asilo), lo que creó problemas para el FAMI. En consecuencia, estos fondos no se gestionan actualmente de manera eficiente, y las convocatorias de financiación de proyectos se retrasan. Esto ha dejado a muchas asociaciones con un número muy limitado de personal para operar, lo que dificulta aún más su capacidad para apoyar a las comunidades a las que sirven. Es crucial señalar que la transición del SEF a AIMA se llevó a cabo sin contar con la aportación de la sociedad civil, que no fue consultada ni reconocida como parte interesada clave en el proceso.[4] Este descuido ha dado lugar a la creación de una agencia que no se ajusta adecuadamente a las necesidades de la población inmigrante, lo que en tiempos de crisis conduce a la violación de los derechos de cientos de miles de personas.
Muchas asociaciones dependen en gran medida de los voluntarios para mantener sus operaciones ante la escasez de financiación. Aunque el compromiso de las personas demuestra una notable capacidad de resistencia y ha permitido a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) continuar su importante labor de defensa de los derechos de las personas, ésta no es una solución sostenible ni justa. Los profesionales del sector de la sociedad civil deben recibir una remuneración adecuada, y la actual dependencia de los voluntarios pone de manifiesto una necesidad preocupante en un entorno difícil, e infravalora a los profesionales. Para que las OSC prosperen y tengan un verdadero impacto, necesitan una financiación adecuada y un reconocimiento apropiado de su personal cualificado.
Participación de las OSC en el diálogo civil
Los movimientos sociales que abogan por los grupos minoritarios y marginados, en particular por el derecho a la vivienda, se han fortalecido en Portugal en los últimos años. Sin embargo, algunas organizaciones, especialmente las que representan los derechos de los inmigrantes, carecen de militancia, lo que debilita su diálogo con el gobierno. Esto ocurre porque dependen de la financiación de la UE y, por tanto, son menos asertivas o confrontativas en sus esfuerzos, por miedo a perder dicha financiación. La escasa voluntad política de comprometerse con las organizaciones de la sociedad civil dificulta aún más los avances a la hora de abordar las necesidades de las comunidades minoritarias y marginadas.
El Plan de Acción sobre Migración de Portugal, creado en junio de 2024 sin consultar a la sociedad civil, está especialmente desconectado de las realidades a las que se enfrentan los inmigrantes, y podría exacerbar sus vulnerabilidades.[5] Este plan modificó la ley de inmigración eliminando la posibilidad de regularización mediante empleo para un inmigrante que no fuera ya titular de un visado. El cambio se aplicó por decreto ley y careció de periodo de adaptación, lo que suscitó dudas sobre su constitucionalidad. Esta brusca alteración, que entró en vigor en aproximadamente 12 horas, socavó las expectativas de derechos y seguridad jurídica de cientos de miles de personas que habían estructurado su vida en torno a la ley vigente. El Plan de Acción ha provocado importantes retrocesos, que probablemente se traducirán en un menor acceso a los derechos sociales. Si se hubiera consultado a las asociaciones que trabajan directamente con inmigrantes, el plan podría haber sido más eficaz y haber cosechado menos críticas de los beneficiarios, que consideran que no se han tenido en cuenta sus necesidades y derechos, según el GSN. La sociedad civil puede contribuir significativamente a la comprensión de la interseccionalidad, que a menudo se pasa por alto en la formulación de las políticas públicas, incluido el Plan de Acción sobre Migración. Este programa trata a la población inmigrante como una "masa uniforme" y no reconoce su diversidad, informa el GSN. Pero es crucial que las medidas destinadas a los grupos marginados se ajusten a sus necesidades. De hecho, el país de origen de cada inmigrante influye en el tipo de medidas de inclusión que se necesitan, como cursos de portugués o un mínimo de formación en sensibilización política.
Otro programa ejecutado sin consultar a las organizaciones de la sociedad civil pertinentes fue Mais Habitação, el programa que aborda la actual crisis de la vivienda en Portugal. A pesar de sus disposiciones positivas destacadas anteriormente en este informe, las medidas propuestas podrían haberse acercado más a las necesidades de la población si se hubiera consultado a las OSC. En general, existe una necesidad acuciante de reforzar el diálogo entre la sociedad civil y las autoridades públicas y de que éstas reconozcan a la sociedad civil como parte interesada clave en el desarrollo, la aplicación y la evaluación de las políticas públicas.
[1] CIVICUS (2024) Portugal: https://monitor.civicus.org/country/portugal/
[2] Gian Amato (2023), Discrimination against Brazilians hits record high in Portugal:
Portugal Resident / Natasha Donn (2024), Los delitos de odio en Portugal aumentan en 38% en 2023: https://www.portugalresident.com/hate-crimes-in-portugal-increase-by-38-in-2023/ https://oglobo.globo.com/blogs/portugal-giro/post/2023/03/discriminacao-contra-brasileiros-bate-recorde-em-portugal.ghtml
Portugal Resident / Natasha Donn (2024), Los delitos de odio en Portugal aumentan en 38% en 2023: https://www.portugalresident.com/hate-crimes-in-portugal-increase-by-38-in-2023/
[3] Público (2024), Los delitos de odio en Portugal aumentaron 38% en 2023: https://www.publico.pt/2024/02/09/sociedade/noticia/crimes-odio-portugal-subiram-38-2023-2079931
[4] Ana Paula Costa / Público (2023), Del SEF a AIMA: cómo no hacer una transición: https://www.publico.pt/2024/04/28/opiniao/opiniao/sef-aima-nao-transicao-2088462
[5] Provedoria de Justiça (2023), Seguimiento de la Actividad y del Proceso de Extinción del Servicio de Extranjería y Fronteras: https://www.provedor-jus.pt/documentos/Relat%C3%B3rio%20SEF072023.pdf
Puntuación 67
Transición justa
Empleos verdes dignos
Programa portugués Green Skills & Jobs[1] creado en el marco del Plan Portugués de Energía y Clima 2030, ofrece cursos de formación de corta y media duración en los ámbitos del medio ambiente y la energía para prevenir el riesgo de desempleo, promover el mantenimiento del empleo y fomentar la creación de nuevos puestos de trabajo en el contexto de la aceleración de la transición y la eficiencia energéticas del país.
El programa Green skills & Jobs está dirigido a empleados de empresas afectadas directa o indirectamente por el aumento de los costes energéticos y a desempleados a partir de 18 años. Tienen prioridad los trabajadores de los procesos de transformación energética de las empresas; en riesgo de desempleo o en situación de subempleo; género subrepresentado en la profesión; desempleados que no hayan completado la educación escolar obligatoria o tengan que realizar procesos de reconocimiento, validación y certificación de competencias (RVCC) de nivel secundario.
Los proyectos de formación y recualificación de personas podrán abordar algunos de los siguientes temas: eficiencia energética, energías renovables, eficiencia hídrica, movilidad sostenible y economía circular.[2]
El GSN destaca las dificultades para proporcionar un análisis más detallado sobre los empleos verdes decentes en Portugal debido a la persistente falta de información oficial accesible, como se ha señalado anteriormente.
[1] CEDEFOP (2023), Portugal: Green Skills & Jobs programme: https://www.cedefop.europa.eu/en/news/portugal-green-skills-jobs-programme
[2] IEFP Online (2023), Programa Trabalhos e Competências Verdes / Green Skills and Jobs: https://www.iefp.pt/programa-trabalhos-competencias-verdes-green-skills-jobs