Acceso de los jóvenes al mercado laboral

El desempleo juvenil (entre 15 y 24 años) sigue siendo uno de los problemas más cruciales que enfrenta España en la actualidad. A pesar de haber caído significativamente en la recuperación post-Covid, de 38,3% en 2020 a 29,8% en 2022, el desempleo juvenil sigue siendo más del doble de la media de la UE, que era de 14,5% en 2022.[1] Las causas de esta elevada tasa incluyen la estructura de la economía, el uso generalizado de contratos temporales y el desajuste entre las habilidades que tienen los jóvenes y las que demandan los empleadores. El empleo juvenil se concentra en el sector de servicios, especialmente en industrias de bajo valor agregado como el comercio minorista y. La economía española depende más de estos sectores que luchan por proporcionar empleos permanentes a tiempo completo, especialmente para los jóvenes, y por lo tanto los sectores causan un desempleo juvenil estructuralmente alto.[2] Además, el uso generalizado de contratos temporales redujo la estabilidad de los puestos de trabajo cuando realmente se encontraron. Sin embargo, la Reforma Laboral de 2021, fruto del diálogo social, ha supuesto una reducción en el uso de contratos de duración determinada.[3] Otra razón clave del alto desempleo juvenil es el desequilibrio entre la formación recibida por los jóvenes y las necesidades del mercado laboral. La tasa de ocupación de los jóvenes (16-29) con nivel educativo alto fue de 67,9% en el último trimestre de 2022, significativamente superior a la de los de nivel medio o bajo: La tasa de los de nivel medio fue de 33,91 TP3T. Ambas cifras siguen siendo muy inferiores a los niveles respectivos previos a la crisis de 74,31 TP3T y 53,41 TP3T en 2007.[4]

El programa Garantía Juvenil Plus 2021-2027, financiado en parte por el Fondo Social Europeo, es una medida clave para promover el empleo y la formación de los jóvenes. Su objetivo es encontrar una oferta laboral o formativa para un joven en un plazo de cuatro meses desde su incorporación al programa. Sin embargo, es difícil evaluar adecuadamente los resultados de la medida, ya que el gobierno no proporciona datos fiables sobre los jóvenes ayudados.[5]

[1] Eurostat (2023), Desempleo por sexo y edad: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/UNE_RT_A__custom_6267589/default/table?%20lang=en

[2]  Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social (2022), Informe sobre los jóvenes en el mercado laboral: https://www.mites.gob.es/ficheros/ministerio/sec_trabajo/analisis_mercado_trabajo/jovenes/2022/Junio_2022.pdf

[3] Servicio de Estudios UGT (2023), Hechos y mitos sobre la reforma laboral: https://servicioestudiosugt.com/hechos-y-mitos-sobre-la-reforma-laboral-2021/

[4] Ibídem

<

[5] Servicio Estatal de Empleo Público (2023), Garantía de Empleo Joven Plus 2021-2027: https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil/plan-garantia-juvenil-plus.html

Salarios y empleo

Los salarios en España siguen siendo bajos y desigualmente distribuidos. A pesar de un salario medio de 25.165 euros al año en 2020, el salario medio era de 18.480 euros. El salario medio anual aumentó hasta los 27.483 euros en 2022, pero sigue siendo 10.000 euros menos que la media de la UE de 37.562 euros. Los salarios reales en España son efectivamente los mismos que en 2000, y España ha tenido el tercer aumento salarial más bajo de la Unión Europea. Los salarios no lograron seguir el ritmo de la inflación en 2022, por lo que los salarios reales cayeron. Casi una quinta parte de los trabajadores (19,4%) ganan menos del salario mínimo debido al subempleo (que se analiza más adelante), y alrededor de 66% ganan menos del doble del salario mínimo. Ha habido algunas mejoras en el extremo más bajo de la distribución salarial, ya que el gobierno y los interlocutores sociales acordaron un aumento de 8% en el salario mínimo en febrero de 2023. Esto equivale ahora a 1.080 euros al mes para los trabajadores que reciben 14 pagos mensuales o 1.206 euros para quienes reciben 12. El salario mínimo ha aumentado 64,81 TP3T desde 2016, aunque el salario mínimo español todavía está por detrás del de otros estados, como Francia, Alemania y Bélgica.[1]

La situación del empleo en España ha mejorado en los últimos años, especialmente tras la pandemia de la Covid. En abril de 2022, el número de personas empleadas superó por primera vez los 20 millones. El desempleo también cayó de 13,3% en 2021 a 12,9% en el último trimestre de 2022. Ambas cifras muestran que la situación del empleo en España es la mejor desde el inicio de la crisis financiera en 2008. Sin embargo, sigue existiendo un importante problema de subempleo. . En 2022, 2,7 millones de personas (74% de ellas mujeres) trabajaban a tiempo parcial, de las cuales más de la mitad buscaban un trabajo a tiempo completo. Los bajos salarios y el subempleo son la raíz de la pobreza de los ocupados en España, lo que representa un problema sistémico, ya que 12,5% de trabajadores españoles están en riesgo de pobreza, 3,6 puntos porcentuales más que la media de la UE. A esto se suma el problema endémico del trabajo no remunerado, especialmente la falta de remuneración de las horas extras. En 2022, el total de horas extras aumentó en 14,4%, siendo 45% no remuneradas.[2]

Seguridad en el empleo

España ha logrado avances significativos en la mejora de la seguridad laboral. La Reforma Laboral de diciembre de 2021 ha supuesto un descenso notable en el uso de contratos temporales, que ha caído a lo largo de 2022 de 25,4% a 17,9% de contratos totales debido principalmente a una reducción de este tipo de contratos en el sector público – aunque España todavía tiene una proporción mayor de empleos temporales que el promedio de la eurozona de 14,6%. El sector público, según las últimas cifras, todavía tiene una tasa extremadamente elevada de 30,2% de contratos temporales, frente a los 14,8% del sector privado.[3]

La mayoría de los nuevos empleos creados durante 2022 (alrededor de 53% del total) fueron empleos permanentes a tiempo completo, mientras que el número de empleos de corta duración, definidos como aquellos que duran menos de 30 días, cayó 3,2 puntos porcentuales en el transcurso de 2022.[4]

La Reforma Laboral de 2021 tenía como objetivo aumentar la calidad del empleo y reducir la precariedad a través de medidas que incluyen una reducción de las posibles aplicaciones de contratos temporales, que ahora deben estar debidamente justificadas. También se incrementaron las sanciones por uso fraudulento de contratos temporales. La Reforma también redujo a 18 meses el período después del cual a un trabajador con contrato temporal se le debe ofrecer un puesto permanente.[5] A pesar de estos éxitos, queda mucho por hacer para aumentar la seguridad laboral, especialmente en el sector público. Un ejemplo es la necesidad de incrementar los costes de los despidos improcedentes.[6]

Equilibrio trabajo-vida

El GSN informa que la conciliación entre la vida personal y laboral ha empeorado en España. Los españoles, de media, interactúan mucho menos con amigos y familiares que antes de la pandemia. La Encuesta de Condiciones de Vida 2022 del Instituto Nacional de Estadística encontró que la mitad de la población española tiene reuniones frecuentes con familiares y amigos, mientras que la edición de 2015 encontró que el 62,5% de los españoles se reunía regularmente con familiares y el 68,3% con amigos. Asimismo, la satisfacción con el tiempo de ocio disponible empeoró 0,2 puntos sobre 10 en 2022 respecto a 2018.[7] Otra encuesta, realizada por la web de empleo Infojobs, corrobora estas conclusiones. Sólo 35% de los encuestados en 2022 dijeron que es “muy fácil” conciliar la vida laboral y personal, frente a los 41% de 2021.[8] Lo más positivo es que el aspecto de género del equilibrio entre la vida laboral y personal ha mejorado en los años transcurridos desde la pandemia, según un estudio realizado por un consorcio de universidades catalanas. En comparación con 2020, las mujeres españolas dedican una media de tres horas a la semana menos al cuidado de los niños, lo que supone un descenso de 33 a 30 horas. El español medio ha aumentado las horas dedicadas al cuidado de los niños de 16 a 23 horas. Otras brechas de género, como las relacionadas con el tiempo dedicado a tareas domésticas no remuneradas, también han disminuido, aunque siguen siendo significativas.[9]

Se están logrando algunos avances en la promoción de una semana laboral de cuatro días o 32 horas. El Gobierno español ha concedido recientemente una subvención de 9,6 millones de euros a pequeñas y medianas empresas (PYME) para poner a prueba una semana de cuatro días. Las PYME participantes deben implementar una semana laboral de 32 horas durante dos años y, sobre todo, mantener los salarios al mismo nivel. Las subvenciones tienen un límite de 200.000 euros para cada empresa.[10] Un estudio de la confederación sindical UGT encontró que una reducción del tiempo de trabajo puede ayudar a aliviar el alto desempleo y mejorar el equilibrio entre la vida laboral y personal de los trabajadores españoles y su salud y bienestar general.[11]

[1] Servicio de Estudios UGT (2023): Retos de la Economía Española para 2023: https://servicioestudiosugt.com/retos-de-la-economia-espanola-para-2023/

[2] Ibídem

[3] Ibídem

[4] Servicio de Estudios UGT (2023), Hechos y mitos sobre la reforma laboral: https://servicioestudiosugt.com/hechos-y-mitos-sobre-la-reforma-laboral-2021/

[5] Servicio de Estudios de la UGT (2023), Principales contenidos modificados por el Real Decreto-ley 32/2021: https://www.servicioestudiosugt.com/real-decreto-ley-32-2021-reforma-laboral/

[6] Ibídem

[7] Instituto Nacional de Estadística (2023), Encuesta de Condiciones de Vida 2022: https://www.ine.es/prensa/ecv_2022_m.pdf

[8] Infojobs (2023), La conciliación entre la vida personal y laboral está empeorando: sólo el 35% de la población ocupada dice ser capaz de conciliar la vida laboral y familiar: https://nosotros.infojobs.net/prensa/notas-prensa/la-conciliacion-laboral-empeora-solo-el-35-de-la-poblacion-ocupada-afirma-que-tiene-facilidades-para-conciliar

[9] El Observatorio Social de la Fundación La Caixa (2023), Desigualdad de género en el trabajo remunerado y no remunerado tras la pandemia: https://elobservatoriosocial.fundacionlacaixa.org/-/desigualdad-de-genero-en-trabajo-remunerado-y-no-remunerado-tras-la-pandemia

[10] Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (2023), Inicio del reparto de subvenciones por reducción de jornada sin recorte de salarios: https://www.mincotur.gob.es/es-es/GabinetePrensa/NotasPrensa/2023/Paginas/Arranca-el-reparto-de-ayudas-para-la-reduccion-de-la-jornada-laboral-sin-recortar-salarios.aspx

[11] Servicio de Estudios de la UGT (2021), Para una semana laboral de 32 horas: https://servicioestudiosugt.com/jornada-laboral-32-horas/

Erradicación de la pobreza

Con 20,4% de la población en riesgo de pobreza o exclusión social en 2023, España tiene la cuarta tasa de riesgo de pobreza más alta de la Unión Europea, sólo por detrás de Rumanía, Bulgaria y Grecia. La pobreza en España tiene una dimensión regional distinta. Las regiones al norte de Madrid tienen tasas de pobreza entre 0,8 y 11,5 puntos porcentuales más bajas que el promedio nacional, mientras que las tasas en las regiones del sur están entre 1,5 y 10,9 puntos porcentuales más altas que el promedio. La tasa de pobreza severa (definida como vivir en un hogar con ingresos inferiores a 560 euros al mes) era de 7,71 TP3T, o 3,65 millones de personas.[1]

España ha logrado avances significativos en muchos aspectos de la erradicación de la pobreza, y la tasa total de riesgo de pobreza cayó 1,8 puntos porcentuales en 2022. Esto significa que 840.000 personas ya no están en riesgo de pobreza o exclusión social. La reducción se concentró especialmente en grupos especialmente vulnerables, como los hogares monoparentales, los hogares unipersonales y los desempleados, aunque las tasas para estos grupos siguen siendo muy altas. La pobreza infantil cayó 1,1 puntos porcentuales a 27,81 TP3T, y las graves privaciones materiales y sociales también disminuyeron. Sin embargo, hubo retrocesos en ciertas áreas. La tasa de riesgo de pobreza para los jubilados aumentó en 1,2 puntos porcentuales hasta 17,4%. Además, ha habido un rápido aumento en el número de personas que no pueden mantener una temperatura adecuada en sus hogares: 17,1% en 2022 en comparación con 14,3% en 2021 y 10,9% en 2020. Por último, no se ha avanzado en cerrar la brecha de género. brecha de pobreza, y las mujeres tienen tasas de pobreza significativamente más altas que los hombres.[2]

El GSN destacó varias causas de las altas tasas de pobreza de España, incluidos ingresos insuficientes, la falta de viviendas asequibles, un mercado laboral saturado incapaz de ofrecer suficientes oportunidades, un sistema de seguridad social débil, pensiones bajas y el abandono escolar de los niños. También llamó la atención sobre la naturaleza entrelazada de estos problemas y el daño intergeneracional y a largo plazo que causan. El “Escudo Social” implementado por el Gobierno español durante la pandemia de Covid no sólo evitó que aumentaran las tasas de pobreza, sino que también contribuyó en cierta medida a abordar los problemas mencionados anteriormente. Las medidas temporales incluyeron la suspensión de los desalojos y la congelación de los alquileres, las cuales se han reintroducido de forma más débil como parte de la Ley del Derecho a la Vivienda. Otras medidas han seguido vigentes, como el Ingreso Mínimo Vital, un ingreso mínimo garantizado introducido en junio de 2020.

Alojamiento

El acceso a una vivienda digna y asequible sigue siendo un desafío clave para España. La asequibilidad es un problema tanto para los propietarios como para los inquilinos. Aunque obviamente se encuentran en una situación menos precaria, los pagos mensuales de las hipotecas de los propietarios españoles han aumentado en una media de 290 euros debido al aumento de los tipos de interés. Los alquileres también han aumentado considerablemente, afectando negativamente a los inquilinos: 39,41 TP3T de los inquilinos españoles destinan más de 401 TP3T de sus ingresos al alquiler, frente a la media de la UE de 21,21 TP3T. Por tanto, la mitad de los inquilinos corren riesgo de pobreza o exclusión social, en comparación con la media de la UE de 33,2%. Los desalojos se dispararon hasta superar los 40.000 en 2022, una media diaria de 104. Una de las razones de esta crisis es la degradación casi total de la vivienda pública. La vivienda pública representa sólo 2,5% del stock total de España, frente a la media de la UE de 9,5%. España necesitaría construir 1,5 millones de viviendas públicas para alcanzar esta media. Otra cuestión planteada por el GSN es el gran aumento de las viviendas turísticas, que crecieron 7% en 2022. Existe una clara necesidad de controlar este crecimiento, ya que ha hecho que barrios enteros sean inaccesibles para los locales debido al rápido aumento de los precios.[3]

[1] Eurostat (2023), Condiciones de vida en Europa: pobreza y exclusión social: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Living_conditions_in_Europe_-_poverty_and_social_exclusion

[2] Red Europea de Lucha contra la Pobreza España (2023), Informe sobre el estado de la pobreza 2022: https://www.eapn.es/estadodepobreza/descargas.php

[3] Servicio de Estudios UGT (2022), Propuesta de Fondo de Protección frente al incremento del coste hipotecario: https://servicioestudiosugt.com/propuesta-de-fondo-de-proteccion-frente-al-aumento-del-coste-hipotecario/

[4] Boletín Oficial del Estado (2023), Ley del Derecho a la Vivienda: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-12203

Diálogo social

El Gobierno y los interlocutores sociales celebraron 14 acuerdos de gran alcance entre 2020 y 2023 en España. Estos cubrieron una amplia gama de temas muy pertinentes, como el sistema de permisos laborales, la reforma laboral, los cambios a la ley de pensiones, la ley de teletrabajo y la Ley Rider.[1] La participación de los interlocutores sociales en la elaboración de estas importantes políticas evitó las tensiones observadas en otros países europeos donde los gobiernos impusieron unilateralmente tales reformas. También mejoró la calidad de estas políticas a través de una comunicación efectiva de las necesidades tanto de los trabajadores como de las empresas. La Reforma Laboral ejemplifica este diálogo. Combinó el deseo de los trabajadores de tener contratos más estables y seguros con la aspiración de las empresas de un mercado laboral más productivo. La Reforma Laboral también restableció el estatus del convenio colectivo sectorial como superior a los convenios a nivel de empresa, lo que significa que las empresas ahora no pueden subcontratar para reducir los salarios. Además, la ley prevé la extensión automática de los convenios colectivos existentes en ausencia de un convenio sustitutorio, eliminando cualquier incentivo que tuvieran los empleadores para no negociar un nuevo convenio colectivo. Estas reformas han fortalecido el diálogo social en España después de una década en la que se devaluó tras la Reforma Laboral de 2012.[2] El diálogo social eficaz facilita la identificación de soluciones equilibradas y compartidas, amplía la democracia y proporciona mucha mayor legitimidad a las regulaciones. Sin embargo, esto sólo puede lograrse en un entorno de pleno respeto de la libertad sindical y los derechos de negociación colectiva.[3]

Diálogo civil

El diálogo entre las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno se lleva a cabo a través de la Comisión de Diálogo Civil, creada en 2013. Desde su creación, la Comisión ha llevado a la elaboración de diversas políticas y regulaciones, especialmente aquellas dirigidas a mejorar la calidad de vida de las personas vulnerables y la promoción del tercer sector. Este trabajo se vio reforzado durante 2022, cuando se actualizó la normativa interna de la Comisión y se elaboró un Real Decreto sobre actores del tercer sector que cooperan con la administración estatal. Tras su discusión en la Comisión se publicaron dos convocatorias de subvenciones: financiación para la realización de actividades de interés social y subvenciones para apoyar la modernización de entidades del tercer sector. El GSN también informó que la Comisión participó en el desarrollo de varias iniciativas legislativas, incluida la Ley de Voluntariado, la Estrategia Estatal para la Desinstitucionalización, los Objetivos Nacionales para la reducción de la pobreza general y el Plan Nacional de Reformas. En particular, la nueva Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global de España de 2023 se elaboró con la plena cooperación de actores relevantes de la sociedad civil. Esta ley refuerza el compromiso de España con la ayuda internacional y el desarrollo y alinea la política con la Agenda 2030, la igualdad de género y la justicia económica. El monitor del espacio cívico CIVICUS cataloga a España como un país en el que el espacio cívico es reducido,[4] en parte debido al continuo estancamiento de una reforma satisfactoria de la ley de Seguridad Ciudadana. La ley fue duramente criticada por la ONU, la Comisión de Venecia del Consejo de Europa y la Comisión Europea por considerarla una amenaza a los derechos fundamentales y al Estado de derecho.[5]

 elDiario.es (2022), España se convierte en el ejemplo mundial de diálogo social gracias a acuerdos como la reforma laboral y los ERTE: https://www.eldiario.es/economia/espana-convierte-ejemplo-mundial-dialogo-social-acuerdos-reforma-laboral-erte_1_9675455.html

[2] Servicio de Estudios UGT (2023): “Principales contenidos modificados por el Real Decreto-Ley 32/2021”: https://www.servicioestudiosugt.com/real-decreto-ley-32-2021-reforma-laboral/

[3] Global Deal (2022), Global Deal Forum 2022 - Informe resumido: https://www.theglobaldeal.com/resources/Summary-report-Global-Deal-Forum-2022.pdf

[4] CIVICUS (2023), Monitor 2023 - España: https://monitor.civicus.org/country/spain/

[5] CIVICUS (2022), Ley de Seguridad Ciudadana en reforma, Estado de Derecho en España en juego: https://www.civicus.org/index.php/media-resources/media-releases/open-letters/5593-citizens-security-law-under-reform-the-right-to-freedom-of-peaceful-assembly-and-expression-rule-of-law-in-spain-at-stake

España se ha comprometido en su Ley de Cambio Climático y Transición Energética a reducir sus emisiones en 23% para 2030 en comparación con los niveles de 1990 y a alcanzar la neutralidad climática para 2050. A diferencia de muchos otros países desarrollados, España ha puesto el concepto de Transición Justa en el centro de sus planes climáticos. El gobierno español lanzó la Estrategia de Transición Justa en 2019, que se centra especialmente en las comunidades en las que se encuentran minas de carbón y centrales eléctricas de carbón. La estrategia incluía la creación del Instituto de Transición Justa, un organismo público adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con competencias exclusivas para implementar políticas de Transición Justa. Esto ha llevado a acuerdos tripartitos sobre el cierre de minas de carbón y centrales eléctricas de carbón firmados por el gobierno, sindicatos y empresas, así como a la firma de 13 Acuerdos de Transición Justa (ATC). Los JTA son acuerdos tripartitos regionales en áreas en riesgo de verse afectadas negativamente por la transición ecológica. Los acuerdos tienen como objetivo mantener y crear empleo, promover la diversificación económica y evitar la despoblación de estas zonas mayoritariamente rurales. Los JTA tienen como objetivo involucrar a todos los tipos de actores interesados en un área, incluidos los interlocutores sociales, las instituciones educativas y la sociedad civil.[1] Según el acuerdo tripartito, se cerrarán las 15 centrales eléctricas de carbón de España. Sin embargo, los aproximadamente 3.000 trabajadores empleados en estas centrales se beneficiarán de medidas para proteger su empleo y brindarles capacitación en las habilidades necesarias para la transición ecológica.[2] España ha puesto fin casi por completo a su dependencia del carbón para la generación de energía y en 2022 generó unas 43% de su electricidad a partir de fuentes renovables, y otras 10% provinieron de la energía nuclear.[3] Aunque aún no se han publicado los datos de 2023, es posible que la cuota de energías renovables de España en su generación eléctrica alcance los 50%, dado que en 2022 se instalaron 5,9 GW de capacidad de energía renovable.[4]

España siguió a Alemania al introducir un subsidio al transporte público en 2022 para brindar apoyo a los residentes que sufren el aumento del costo de vida y promover el transporte sostenible. Inicialmente planeada como una reducción 50% en el precio de los abonos de temporada de los trenes de cercanías, la medida finalmente se implementó como un billete gratuito. El gobierno también redujo las tarifas de los autobuses municipales en 30%, y los gobiernos regionales contribuyeron a reducir las tarifas de los autobuses en algunas áreas hasta en 60%.[5] Finalmente, el gobierno amplió los descuentos ferroviarios a los viajes en autobús interurbano a finales de 2022, una medida que se esperaba que ahorrara más de 1 millón de toneladas de CO2 en 2023.[6]

[1] Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (2022), España, hacia una Transición Justa: https://www.transicionjusta.gob.es/Documents/Noticias/common/220707_Spain_JustTransition.pdf

[2] industriALL Europa (2023), Transición Justa - España: https://justtransition.industriall-europe.eu/national/Spain

[3] AIE (2021), España: https://www.iea.org/countries/spain

[4] Red Eléctrica (2023), Las energías renovables podrían representar 50% del mix de generación eléctrica de España en 2023: https://www.ree.es/en/press-office/news/press-release/2023/03/renewable-energy-could-account-for-50percent-of-spains-electricity-generation-mix-in-2023

[5] Bloomberg (2022), Madrid y Barcelona ganan con el plan de viaje gratuito en tren de España: https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-15/spain-will-introduce-free-train-travel-to-help-ease-the-cost-of-living

[6] Eltis (2022), España permitirá el uso gratuito de los autobuses públicos de larga distancia en 2023: https://www.eltis.org/in-brief/news/spain-will-make-public-long-distance-buses-free-use-2023